Un joven de 21 años quedó detenido bajo el régimen de prisión domiciliaria en el departamento 25 de Mayo, acusado de haber golpeado en reiteradas ocasiones a su expareja, una adolescente de 16 años, y de violar una prohibición de acercamiento que ya pesaba en su contra. La medida fue dispuesta mientras se profundiza la investigación judicial.
El imputado fue detenido el sábado último y este martes el fiscal Atilio Yanardi, de la UFI CAVIG, le atribuyó los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo (dos hechos) y desobediencia a una orden judicial, en concurso real.
Antecedentes y nuevas denuncias
Según expuso la fiscalía, el joven —empleado municipal— ya había enfrentado causas penales en 2022 y 2023, lo que agravó su situación procesal. La adolescente lo denunció el 16 de noviembre de 2025, cuando relató una nueva agresión física y señaló que los maltratos eran reiterados durante el tiempo de convivencia.
En esa oportunidad, un juez de garantías le impuso una prohibición de acercamiento, medida que —de acuerdo a la acusación— fue incumplida el pasado 4 de enero, cuando el imputado volvió a presentarse en el domicilio de la joven y la agredió nuevamente.
Desobediencia y contexto de riesgo
Durante ese último episodio, el acusado ingresó a la vivienda pese a la restricción vigente y golpeó a la adolescente. Cuando la madre de la víctima intentó intervenir, el joven habría justificado el ataque con una frase que fue incorporada a la causa: “Por esto le pegué”, en referencia a mensajes hallados en el celular de la menor.
La fiscalía remarcó que la víctima se encuentra en situación de especial vulnerabilidad, ya que el agresor reside a una cuadra de su casa, lo que motivó el pedido de prisión preventiva y medidas de protección urgentes.
La decisión judicial
Si bien la defensa se opuso a la detención, la jueza Celia Maldonado hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y ordenó 30 días de detención, bajo la modalidad de prisión domiciliaria, mientras se completan medidas de prueba. Además, dispuso que, una vez vencido ese plazo, el imputado tenga prohibido acercarse, molestar o contactar a la víctima y a su familia por dos meses.