El 9 de agosto de 2017, San Juan puso en funcionamiento el Sistema Especial de Flagrancia, un modelo diseñado para dar una respuesta rápida a aquellos delitos en los que existe un hecho flagrante y en los que la evidencia puede ser asegurada de manera inmediata. A nueve años de aquella primera audiencia, las estadísticas de la UFI Flagrancia permiten dimensionar la magnitud de un sistema que se convirtió en una herramienta central para la persecución penal de determinados delitos.
Desde su puesta en marcha y hasta el 31 de julio de 2026, Flagrancia intervino en 12.354 hechos, que involucraron a 15.759 personas imputadas. La evolución anual muestra un crecimiento sostenido de la actividad del sistema, con 2.171 delitos registrados durante 2025, la cifra anual más elevada desde su implementación.
Más de mil hechos y 1.200 imputados en los primeros siete meses de 2026
Durante 2026, hasta el 31 de julio, la UFI Flagrancia registró 1.059 hechos y 1.235 personas imputadas. Del total de hechos ingresados, 12 fueron desestimados, lo que representa aproximadamente el 1,1% de los casos registrados durante el período.
La relación entre hechos e imputados también permite observar una característica propia de este tipo de intervención: mientras se registraron 1.059 casos, la cantidad de personas imputadas alcanzó las 1.235, debido a que un mismo hecho puede involucrar a más de una persona.
El volumen de actividad judicial también se refleja en las 1.554 audiencias realizadas durante los primeros siete meses de 2026. De ese total, 1.053 correspondieron a audiencias de presentación, 155 a continuaciones de presentación, 177 a finalizaciones, 102 a conexidad, 35 a sobreseimientos y 32 a otras situaciones procesales.
Robo y hurto, los delitos con mayor presencia
Los datos correspondientes a 2026 muestran que robo y hurto concentran la mayor cantidad de hechos registrados dentro de las categorías relevadas por la UFI Flagrancia.
El hurto encabeza el registro con 321 casos, seguido por el robo, con 310. En tercer lugar aparece violencia de género, con 83 casos, seguida por lesiones, con 66, y daño, con 64.
También se registraron 47 casos vinculados con tenencia y portación de armas de fuego, 36 por incumplimiento de orden judicial, 36 por amenazas y 22 por resistencia a la autoridad. El informe incluye además una categoría de otros delitos, con 36 registros.
La tendencia se mantiene cuando se amplía la mirada al período 2020-2026: entre las categorías con mayor cantidad de imputados aparecen robo, con 2.966; hurto, con 2.531; y violencia de género, con 1.871. También se registran 533 casos de daño agravado, 474 de incumplimiento de orden judicial, 439 vinculados con tenencia y portación de armas de fuego y 427 correspondientes a infracciones de los artículos 205 y 239.
¿Cómo funciona el Sistema Especial de Flagrancia en San Juan?
El Sistema Especial de Flagrancia fue puesto en vigencia el 9 de agosto de 2017 como resultado del trabajo conjunto de la Corte de Justicia, el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo, que aportaron recursos humanos, económicos y edilicios para su funcionamiento.
El procedimiento se aplica cuando una persona es aprehendida en situación de flagrancia, en la comisión o tentativa de un delito doloso cuya escala penal no supere los 20 años de prisión o reclusión, o cuando se trate de un concurso de delitos cuyos tipos penales, considerados individualmente, no superen ese límite. El régimen excluye las acciones privadas y las dependientes de instancia privada, con la excepción prevista para las lesiones leves.
Existe situación de flagrancia cuando el autor es sorprendido en el momento de cometer el delito o inmediatamente después, cuando es perseguido por la fuerza pública, la víctima o el clamor público, o cuando es encontrado con objetos o rastros que permitan presumir de manera vehemente que acaba de participar en un delito.
El procedimiento se caracteriza por la inmediatez de la intervención fiscal. Ante una aprehensión, el personal policial debe comunicarla sin demora al fiscal de turno y poner al detenido a disposición de la Justicia. Los ayudantes fiscales, distribuidos en las zonas Capital, Norte y Sur, intervienen de manera inmediata y se comunican con el fiscal de turno para poner en marcha las primeras actuaciones.
A partir de allí, el fiscal asume la dirección funcional de la investigación, evalúa la tipicidad del hecho, dispone las medidas urgentes y define la estrategia inicial. La investigación se desarrolla en tiempo real: el equipo fiscal puede constituirse en el lugar del hecho, coordinar con las fuerzas de seguridad, entrevistar a víctimas y testigos y asegurar la evidencia, respetando los criterios de legalidad, pertinencia y cadena de custodia.
Con los elementos reunidos, el fiscal formula la teoría del caso, determina la calificación legal, sustenta la imputación y prepara la presentación ante el juez. El sistema contempla plazos abreviados, con el inicio del proceso dentro de las 48 horas desde la aprehensión.
El procedimiento contempla, además, una audiencia de presentación ante el juez, con la asistencia del imputado y su defensa, instancia en la que se determina si corresponde continuar bajo el régimen de Flagrancia. El material institucional señala que el plazo para el juicio no excederá los diez días hábiles desde la aprehensión, y que la sentencia puede ser recurrida ante un tribunal.
La celeridad no implica prescindir de las garantías del proceso. Por el contrario, el modelo concentra en un período reducido las actuaciones de investigación, la intervención de la defensa, el control jurisdiccional y la producción de las decisiones correspondientes.
Otro de los aspectos distintivos es la comunicación con las víctimas. Los fiscales y ayudantes tienen la responsabilidad de explicarles qué ocurrirá durante el proceso, cuáles son los plazos y cómo pueden recuperar sus efectos. Una vez finalizado el caso, deben comunicar el resultado y hacerles saber la decisión adoptada por el juez.
El sistema no se aplica a personas menores de 18 años. Cuando un mismo hecho involucra a una persona mayor y a un menor, el procedimiento de Flagrancia se aplica únicamente respecto del mayor.
Nueve años de una respuesta penal en tiempo real
A nueve años de aquella primera audiencia, los datos permiten observar la consolidación de un sistema que modificó la forma de abordar los delitos cometidos en situación de flagrancia en San Juan. La combinación de fiscales especializados, jueces exclusivos de Flagrancia, plazos abreviados, intervención directa en el lugar del hecho y audiencias concentradas permite acercar temporalmente la investigación y la respuesta judicial al momento en que ocurrió el delito.
La evolución estadística refleja la dimensión alcanzada por este modelo: 12.354 hechos registrados, 15.759 personas imputadas y 7.683 condenas desde su implementación.
En 2026, la actividad continúa mostrando un alto nivel de respuesta: 1.059 hechos, 1.235 imputados, 1.554 audiencias y cero causas archivadas hasta el 31 de julio.
A nueve años de su creación, Flagrancia representa así un modelo de persecución penal basado en la inmediatez: investigar cuando la evidencia todavía está disponible, llevar rápidamente el caso ante un juez y brindar una respuesta concreta a quienes intervienen en el proceso.
