El impacto del conflicto en el transporte público de San Juan escaló de lleno al ámbito institucional. Ante la interrupción abrupta del servicio de colectivos en medio de reclamos salariales, el Gobierno provincial alzó la voz y confirmó que se encuentra evaluando la aplicación de severas multas y sanciones económicas a las empresas prestatarias por el incumplimiento de la prestación.
El Gobierno apunta contra la falta de aviso y advierte con multas
En declaraciones radiales, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, cuestionó con firmeza la modalidad de la protesta que dejó a miles de usuarios varados sin previo aviso. Bajo el concepto de que “el pasajero no puede ser rehén de ciertas circunstancias”, el funcionario remarcó que la medida careció de una comunicación formal ante el organismo de control, a diferencia de otras oportunidades donde se anticipaba la decisión.
Ante este panorama, Molina detalló qué herramientas normativas maneja el Ejecutivo para penalizar a las empresas:
Sanciones económicas: Se evalúa la aplicación de multas directas a aquellas firmas cuyas unidades no cumplieron con el diagrama de circulación previsto para la jornada.
Evaluación de concesiones: Cada infracción quedará asentada en los registros oficiales, antecedentes que serán determinantes al momento de analizar la continuidad de las licencias de transporte.
Separación de conflictos: El funcionario aclaró que, si bien el desajuste salarial debe dirimirse en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo, la obligación contractual de garantizar las frecuencias recae exclusivamente sobre las empresas privadas.
Investigación en curso por supuestas amenazas a choferes
Otro de los puntos críticos que encendió las alertas gubernamentales fue la aparición de versiones sobre posibles coacciones en la vía pública. Según trascendió, algunos trabajadores que tenían la intención de sacar los colectivos a la calle habrían sido interceptados y intimidados por otros choferes que adherían a la retención de tareas.
Al respecto, Molina advirtió que conductas de ese calibre no serán toleradas y podrían derivar en presentaciones ante la Justicia:
“Protestar, reclamar, buscar un derecho corresponde, pero no se puede condicionar de esa manera si alguien quiere desarrollar la actividad”, sentenció el secretario, al confirmar que se investigará a fondo para esclarecer estos episodios.
Mientras las negociaciones gremiales continúan empantanadas, la administración provincial dejó en claro que no convalidará medidas que vulneren la movilidad urbana y mantendrá abiertos los sumarios de fiscalización sobre las empresas de colectivos.
*con información de Radio Sarmiento
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