Las investigaciones internas por severos hechos de corrupción en el seno de la Policía de San Juan entran en etapas decisivas. Desde la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, conducida por Damián Villavicencio, se ratificó el avance de dos sumarios administrativos clave que buscan determinar responsabilidades disciplinarias de forma paralela a las causas penales de la Justicia ordinaria.
Las pesquisas acorralan a personal de la fuerza por dos maniobras de alta gravedad institucional: la recepción adulterada de un cargamento informático financiado con fondos nacionales y la desaparición no esclarecida de más de un centenar de pistolas de la División Armamento.
Escándalo por las “computadoras fantasma”: citarán a policías como imputados
El primer expediente se centra en una licitación efectuada en mayo de 2023 por un monto de 90 millones de pesos destinados a la adquisición de 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets. Pese a que el equipamiento figuraba administrativamente como ingresado al patrimonio policial, una auditoría al inicio de la gestión del gobernador Marcelo Orrego reveló que los elementos nunca llegaron a sus destinos asignados.
Tras radicarse la denuncia judicial, el proveedor adujo que el material se encontraba en un depósito. Sin embargo, pericias técnicas constataron que los equipos entregados no coincidían con las especificaciones contratadas.
Los efectivos bajo la lupa son el comisario mayor retirado Santoni y los agentes activos Valverde y González. Asimismo, el organismo no descarta citar en calidad de testigos a exautoridades del área de Seguridad de la provincia para precisar el recorrido del trámite de compra.
La misteriosa desaparición de más de 100 armas reglamentarias
La segunda línea investigativa aborda un faltante crítico de armamento detectado dentro de la propia División Armamento. Las pistolas extraviadas pertenecían a un lote de 500 unidades adquiridas por la provincia en agosto de 2022.
El hecho fue remitido a la UFI de Delitos Especiales para el inicio de las actuaciones penales. En el ámbito administrativo, entre 25 y 30 efectivos que custodiaron el depósito en los últimos dos años están bajo investigación bajo la carátula de “personal a determinar”.
Severas sanciones disciplinarias en puerta
Desde el organismo fiscalizador remarcaron que el proceso administrativo avanzará con independencia de los tiempos judiciales. De comprobarse negligencia grave o dolo en el extravío de estos bienes del Estado, el régimen policial prevé desde suspensiones prolongadas hasta la cesantía o exoneración definitiva de los implicados.
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