Esta organización paramilitar, de acuerdo a entidades como la estatal Defensoría del Pueblo, ejerce un control continuo sobre esta población, ubicada en el departamento de Córdoba (noroeste del país), donde el pasado viernes fue asesinada en frente de dos de sus hijos María del Pilar Hurtado.
Aquel suceso provocó múltiples muestras de indignación en Colombia, después de que se hiciera público un video donde se ve a uno de los hijos de la mujer gritando y llorando de impotencia frente al cuerpo de su madre.
Hurtado murió después de recibir varios disparos de dos sicarios que después huyeron en una moto.
Defensores de Derechos Humanos del lugar, como el activista Andrés Chica, sostienen que en esa región “los paramilitares controlan todo”, desde los problemas familiares hasta los permisos para abrir una tienda o una ferretería.
Chica, quien sostuvo que la muerte de Hurtado se debió a su rol de líder comunitaria, tuvo que abandonar Tierralta (de 100.000 habitantes) en la noche del sábado, después de que recibiera amenazas de muerte por sus declaraciones a los medios de comunicación, asegura.
“La fuerza pública no tiene ningún tipo de poder en esos territorios frente al paramilitar de la cuadra. Él es el que arregla cuando alguien no quiere pagar en una tienda, el que quita predios, el que cobra multas. Todo eso ante la mirada complaciente de las fuerzas administrativas”, denuncia Chica, de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ), y quien pide que su ubicación no sea revelada.
BBC Mundo trató de comunicarse con el alcalde de Tierralta o alguna otra autoridad municipal este lunes, pero no hubo respuesta.
Tras el crimen de María del Pilar Hurtado, las autoridades de la Alcaldía de la ciudad aseguraron que multiplicarán los operativos de seguridad en la zona y ofrecieron una recompensa para aquellos que brinden información sobre los autores del asesinato.
Control paramilitar
Desde la Defensoría del Pueblo, una entidad de carácter nacional e independiente, advirtieron a BBC Mundo sobre la gravedad de la situación en estas zonas de Colombia.
Según esta institución, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia “se han posicionado como el actor armado ilegal predominante, con presencia en la totalidad de municipios, corregimientos y territorios indígenas” de la región.
La entidad elaboró en noviembre pasado un diagnóstico de la situación en la zona en la que se establece que los paramilitares de esta organización desplegaron un “mecanismo amplio y continuo de vigilancia y control poblacional”.
“Actúan como fuerzas de choque, portan armas de fuego de corto y largo alcance, radios de comunicaciones, visten durante el día de civil o con prendas de color negro, en ocasiones con el rostro cubierto, mientras que en las noches son vistos con uniformes camuflados”.
La Defensoría añade que los intereses de las AGC o Clan del Golfo en la región están relacionados con los territorios de cultivo de coca, laboratorios de elaboración de clorhidrato de cocaína, rutas del narcotráfico y la minería ilegal de oro.
Los “paracos”, como los llaman en Tierralta, tienen tres niveles de comandancias, una política, otra financiera y otra militar.
Las Autodefensas se encuentran tratando de afianzar su control de esta zona debido a la reciente incursión de un grupo disidente de la exguerrilla de las FARC denominado Nuevo Frente 18 – Román Ruiz.
“Se evidencia un profundo terror entre los habitantes, ante probables atentados contra la libertad e integridad personal, la restricción de la movilidad, la desarticulación de los procesos sociales, la fragmentación de la confianza comunitaria y los desplazamientos forzados, entre otras infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, concluye la Defensoría.
La entidad añade que, en consecuencia, “la población civil se encuentra expuesta a homicidios selectivos o de configuración múltiple, desplazamientos forzados, restricciones a la libertad de circulación, confinamientos, desapariciones forzadas, accidentes con mina antipersonal, enfrentamientos con interposición de población civil, utilización de civiles como informantes, control social mediante la intimidación y violencia sexual (especialmente contra mujeres, niños, niñas y jóvenes)”.
Multas, extorsiones y amenazas
Para Andrés Chica, coordinador en Córdoba de REDEPAZ, lo que hacen los paramilitares en la actualidad es una reedición de lo que hacían cuando llegaron a los pueblos de Córdoba a principios de siglo.
El activista sostiene que las AGC han logrado intervenir en una enorme cantidad de aspectos de la vida de muchos de los pobladores de Tierralta, al punto de ser los que dirimen problemas por infidelidades o riñas callejeras.
“Si dos personas se ponen a pelear en la calle, el paramilitar de la cuadra está autorizado a multar a cada uno con 500.000 pesos (alrededor de US$150)”, señala.
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Además, asegura el entrevistado, son los paramilitares los que otorgan permisos a los vecinos para abrir un negocio y los que definen el monto de la “vacuna”, que es una cuota mensual para las AGC a modo de extorsión.
“En Tierralta decide el paramilitar, por ello es que allí y en otras poblaciones los vecinos viven como prisioneros”, concluye.
Andrés Chica tuvo que abandonar la población el sábado cerca a la medianoche, después de que comenzara a recibir amenazas de muerte en su teléfono, según relató a BBC Mundo.
“Tuvimos que salir con mi esposa, tres hijos, mi mamá y mi hermana. Me dijeron que iban por mí y por mi familia y eso es un riesgo inminente”.
El activista sostiene que la razón es la denuncia del asesinato de María del Pilar Hurtado, “por develar las causas por las que fue victimada”.
El fin de semana, Chica aseguró a BBC Mundo y a medios de comunicación colombianos que la mujer era una líder comunitaria que representaba a un asentamiento de familias en un terreno en desuso.
Este lunes, el activista añadió que Hurtado era además una víctima de desplazamiento por la violencia paramilitar y que era miembro de una organización que aglutinaba a las víctimas de la violencia armada en su región, en el departamento de Cauca.
Desde principios de junio, organizaciones sociales como la Fundación Cordoberxia denunciaron que María del Pilar Hurtado y otras personas fueron intimidadas por los paramilitares a través de un panfleto.
El motivo de la intimidación fue que la mujer junto a otras familias instaló un asentamiento en un terreno en desuso en busca de obtener parcelas de tierra. Hurtado, según estos grupos, era una de las negociadoras del grupo.
Aquel comunicado de las AGC amenazaba con convertir en “objetivos militares” a los pobladores de la “invasión” si no se retiraban del lote donde se habían ubicado.
“Eran familias en extrema pobreza que se asentaron para pedir viviendas propias”, explicó Chica.
Según el activista, en Tierralta quedan 10 personas bajo amenaza de los paramilitares y en el departamento de Córdoba suman más de 130.
La versión de la Alcaldía
Pocas horas después del asesinato de María del Pilar Hurtado, la Alcaldía de Tierralta emitió un comunicado señalando que la víctima no era una líder social, sino una trabajadora en una fábrica de cajas de madera para transportar fruta.
La entidad también negó que la mujer asesinada fuera víctima de amenazas de parte de las AGC.
El gobierno municipal de la ciudad ofreció una recompensa de más de US$6.000 para aquellos que brinden información sobre los autores del asesinato, además, anunció que se incrementará la presencia del Ejército y la Policía en la zona.
“El alcalde, Fabio Otero Aviléz aseguró que está todo el compromiso para avanzar en todo los procesos que conlleven a esclarecer los hechos para que no queden impunes”, señalaron las autoridades.
Otero señaló el fin de semana que brinda la “garantía para que se hagan las investigaciones y se dé con el paradero de los culpables”.
“Mi familia ha sido víctima de los grupos armados ilegales. Mi papá y mi mamá fueron secuestrados en 2009”, manifestó.
En los dos comunicados emitidos por el gobierno municipal de Tierralta durante el fin de semana no se mencionó la presencia de organizaciones paramilitares en la zona y se califica lo sucedido el pasado viernes como un “acto de violencia”.
No obstante, el Plan de Desarrollo vigente de la Alcaldía de Tierralta reconoce la “hegemonía del paramilitarismo en el departamento de Córdoba” como uno de los problemas del municipio que afecta principalmente a mujeres que son víctimas de violencia sexual, política, económica y física.
La evaluación de la Alcaldía contó con el apoyo del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas.
Por su parte, el senador indígena Feliciano Valencia, afirmó que “María del Pilar Hurtado sí era una líder comunitaria del Cauca que se había desplazado a Tierralta hace un año, tras ser amenazada por denunciar lugares de desaparición forzada, conocidos como ‘casas de pique’ (centros de tortura)”.
Se estima que entre 300 y 400 líderes sociales fueron asesinados en este país en los últimos tres años, según ONG e instituciones como Naciones Unidas.
El drama de los hijos
Después de la conmoción que provocó en el país el video de los hijos junto al cadáver de María del Pilar Hurtado, diversas entidades colombianas anunciaron que apoyarán a los huérfanos de la víctima.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hizo conocer que realizará el acompañamiento y apoyo para los cuatro hijos que dejó la víctima.
El Ejército de Colombia acompañó a los menores a Puerto Tejada, en el departamento de Cauca, donde los restos de su madre fueron enterrados.
Por lo que se conoció este lunes, una tía se hará cargo de los hijos, la familia solicitó apoyo psicológico y seguridad para ellos.
El entierro de María del Pilar Hurtado se produjo el domingo, en la ciudad de la que la mujer escapó con sus cuatro pequeños por amenazas de grupos armados.
