En la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, participó, junto a sus pares de 18 provincias no oficialistas y el ministro de Hacienda de Córdoba, en un encuentro en el que cuestionaron las recientes medidas implementadas por el Gobierno nacional que perjudican directamente a las provincias.
Como resultado de la reunión, los gobernadores firmaron un documento crítico con las iniciativas que el Gobierno tomó en forma “inconsulta y unilateral” para reflotar el consumo y cuya implementación impactaría negativamente en las arcas provinciales.
En el escrito, los mandatarios detallaron las consecuencias negativas de las medidas: “Estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la paz social en cada uno de los estados que representamos”.
Los gobernadores aclararon que no están en contra de cualquier iniciativa que apunte a paliar “la grave situación económica” que vive al país, aunque aseguraron que en este caso las provincias quedarían en una “grave situación de desfinanciamiento” ya que se verían privadas de recursos establecidos por ley.
En el cierre del documento, los mandatarios se mostraron abiertos al diálogo, aunque advirtieron que en caso de no encontrar eco a su postura recurrirán a la Justicia: “Nos veremos en la necesidad de buscar amparo judicial a nuestros derechos, ante el daño irreparable que no admite dilaciones, teniendo en cuenta el contexto actual”, señalaron.
Antes de ingresar al encuentro, el gobernador Uñac ya se había expresado en sintonía con la opinión de su pares: “Entendemos la delicada situación económica que vive el país pero nosotros defendemos los intereses de las provincias. No estamos buscando dar vuelta una decisión que ha sido unilateral e inconsulta, sino encontrar un camino de solución que no deje a las provincias desfinanciadas”.
El documento emitido por los gobernadores de provincias argentinas reunidos en el CFI
Ante los anuncios realizados por el Gobierno Nacional, después se las PASO, y en medio de un clima electoral, nos vemos en la obligación de expresar lo siguiente:
1. En primer lugar, dejamos bien en claro que no estamos en contra de ninguna medida del gobierno que tenga como objetivo paliar la grave situación económica que atraviesan le mayoría de los actores de nuestra sociedad, empezando por los trabajadores que vienen perdiendo el poder adquisitivo de sus ingresos… pero, las medidas que se han dado a conocer, realizadas en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontar las mismas, nos hace compartir estos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias argentinas, generando un despojo de nuestros recursos y los colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento.
En este estado de cosas, si bien no parece positivo, que el gobierno nacional decida aplicar paliativos para algunos sectores, lo que no puede hacer, es disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias, tanto por el presupuesto en ejecución, como por el pacto fiscal, en el que casualmente acordamos esfuerzos de renunciamiento para garantizar una previsibilidad, que hoy en forma arbitraria es vulnerado.
2. Estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la Paz Social en cada uno de los estados que representamos. Y ante todo eso, no podemos permitir, que se apropien de los recursos provinciales, por parte del Estado Nacional, sólo por el justificativo de intentar atemperar las consecuencias perjudiciales, precisamente de sus propias y malas políticas económicas y financieras, de las cuales los estados provinciales no tenemos ninguna responsabilidad… por el contrario hemos ido eficientes a la hora de cumplir con cada una de nuestras obligaciones y compromisos firmados.
3. Es a todas luces tan arbitraria y perjudicial, esta acción del Estado nacional, que al privarnos de los ingresos que por la ley en vigencia nos corresponden, nos pone al borde de una grave crisis, que puede pujar incluso a la toma de medidas de carácter excepcional o de emergencia, algo que sumaría más perjuicios a nuestro país, en medio de este complejo momento que estamos viviendo.
4. Expresamos enérgicamente, que vamos a defender los intereses de nuestros representados, si es que esta actitud errática y flagelante hacia nuestros derechos no se revierte.
Por lo tanto exigimos, se instrumenten las compensaciones financieras correspondientes para poder cumplir con el normal funcionamiento y la salvaguarda en la prestación de los servicios de seguridad, salud, educación y justicia que están a nuestro cargo.
Quedamos, como lo hemos demostrado siempre, abiertos al diálogo franco y responsable, dejando sentado que de no ser así, nos veremos en la necesidad de buscar amparo judicial a nuestros derechos, ante el daño irreparable que no admite dilaciones, teniendo en cuenta el contexto actual.
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