La estrategia del Gobierno de compensar la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos apelando a bonos extra que aumentan su valor nominal y se mueven una y otra vez parece ser un éxito. Así, gracias al último anuncio del ministro de Economía y candidato a la presidencia Sergio Massa, Anses paga en noviembre un nuevo bono extra.

En esta ocasión, más de 5 millones de jubilados y pensionados recibirán un beneficio adicional de $37.000 antes del balotaje del 19 de noviembre. Este es el último de los tres pagos mensuales que el Gobierno previó para este período del año. Así, más de 5 millones de jubilados y pensionados con haberes que no superan la suma de dos veces la jubilación mínima cobrarán en las próximas semanas un bono extra que les permitirá llegar menos ajustados a fin de mes.

Si bien el primer bono extra fue presentado como una medida transitoria, debido a la fuerte y sostenida suba de precios el Gobierno debió renovar esta estrategia que ya se convirtió en una suerte de “derecho adquirido” que será muy difícil quitar, especialmente en un contexto de creciente inflación.

Aunque el bono extra alcanza a la gran mayoría de los jubilados y pensionados dependientes de Anses, hay un grupo que no accede a este beneficio. Se trata de los jubilados que cobran más de dos haberes mínimos ya que ese es el tope máximo fijado por el Gobierno para el acceso a este beneficio.

Aunque el monto de este bono extra fue superior al que se había anunciado originalmente, el mismo no tardó en perder valor objetivo ya que a días de ser anunciado la devaluación que siguió a las PASO tuvo un fuerte impacto en los precios de la canasta básica. Sin embargo, aun así es una ayuda muy importante para más de 5 millones de jubilados y pensionados cuyos haberes están retrasados con respecto a la creciente inflación.

Se espera además que en los próximos días el Gobierno anuncie un nuevo aumento para jubilados de Anses. El mismo está previsto por la Ley de movilidad y alcanza a todos los beneficiarios del organismo que dirige Fernanda Raverta. Será el último de los cuatro que prevé la legislación vigente y se espera que tenga un fuerte impacto en la población.