La eliminación del capítulo fiscal de la ley ómnibus, para acelerar la aprobación de la Cámara de Diputados, incluyó el proyecto para la creación del impuesto a los Ingresos Personales -reversión de Ganancias-. Lo que llevó a los gobernadores dialoguistas proponer la coparticipación del impuesto PAIS.
Sin embargo, desde su creación en 2019 en el marco de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, se establecieron fines específicos para la recaudación del tributo. Por lo que la distribución, total o de un porcentaje, entre los 24 distritos, desfinanciaría organismos y políticas públicas.
Según lo que establece el artículo 42 de la ley Nº 27.541, el 70% de la recaudación se destina al financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) –60%– y a las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –40%-.
El 30% restante se utiliza para la realización de obras de vivienda social -Fondo de Integración Socio Urbana – Ley Nº 27.453 y Decreto Nº 819/19-; de infraestructura económica y fomento del turismo nacional.
De este total, el 30% está dirigido al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)- Ley N° 27.453 y Decreto N° 819/19- para el financiamiento de obras de vivienda social; el 65% de infraestructura económica y 5 % al fomento del turismo nacional.
A nivel cuantitativo, con la propuesta que se le habría presentado al ministro del Interior, Guillermo Francos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), una importante suma de pesos estaría en juego. Según el informe de recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en 2023, los ingresos por el tributo fueron de $ 1.510.889 millones (variación interanual 335,5%).
Donde contribuyó, en gran medida, la devaluación que impuso el ministro de Economía Luis Caputo (llevó la cotización oficial de $400,50 a $820) y la ampliación de la base imponible para importaciones, que permitió que la recaudación alcance $ 311.708 millones (v.i de 861,4%) en diciembre.
Una tendencia que continuó en enero, pese al Decreto 14/2024 en los primeros días del mes que lo eliminó para importaciones transitorias para impulsar la “actividad productiva exportadora”, la recaudación fue de $469.199 millones (v.i 1.252,6%)
Cuyas causas en el organismo, a cargo de Florencia Misrahi, las encuentran tanto en los dos motivos antes mencionados como en el aumento de las alícuotas y del pago a cuenta para importaciones de bienes y fletes respecto a las del mes anterior.
Pero en la propuesta original del oficialismo, y sobre la cual aún no hay consenso en el recinto, mediante el artículo 179 de la ley, pretende que se destine el 100% de lo recaudado por el impuesto a la ANSES y PAMI, cuando reciben el 70%.
Y si bien uno de los eslóganes de la campaña del presidente Javier Milei fue el “fin de la obra pública para que no se robe más”, dicho cambio implicaría que el financiamiento para obra de vivencia social del FISU sería nulo. Al igual para infraestructura económica y el fomento al turismo.
La posición del Gobierno
Pese a las diferentes versiones que existieron luego de la reunión en el CFI, la posición de Milei sería no ceder frente a la propuesta de los mandatarios provinciales. “Si lo haces, no lo podes eliminarlo más. Y en una economía sin cepo, como la que se apunta, no tiene sentido“, argumentaron fuentes oficiales de la Casa Rosada a El Cronista.
Como adelantó este medio, y en la base a las proyecciones que tienen de la cosecha con el ingreso de u$s 30.000 millones de la cosecha, el Gobierno espera levantar los cepos entre abril y mayo. Una promesa que también se plasmó en el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI).
