El mediodía de este miércoles, los Tribunales de San Juan fueron escenario de un sorpresivo y escandaloso arresto. Julián Gil, exintendente de Caucete y reconocido abogado, fue detenido bajo la acusación de encubrimiento agravado. La detención ocurrió justo cuando Gil salía de una audiencia, generando un gran revuelo en el ámbito judicial.
Fuentes cercanas al caso revelaron detalles preocupantes que comprometen seriamente al abogado. Gil está acusado de intentar sobornar a la madre de una menor, víctima de abuso sexual, con el propósito de favorecer a su cliente, Francisco Washington Frías, imputado por abuso sexual simple agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con un menor.
La clave en esta acusación surgió de una declaración testimonial que la madre de la víctima brindó a la UFI ANIVI el pasado 21 de marzo. En su relato, la mujer aseguró que Gil se reunió con su hija el 9 de marzo de 2024, intentando convencerla de desistir de la acción penal. Esta reunión fue grabada por la joven, y en la grabación se escucha a Gil referirse a un caso anterior, el caso “Rodríguez”, donde insinuó que la causa se resolvió por fuera de la Justicia mediante un pago de dinero.
Las declaraciones de Gil, según las fuentes, incluyen la confesión de que la denunciante pidió dinero al imputado, quien firmó unos pagarés en el Penal de Chimbas. Posteriormente, la mujer cambió su testimonio en la investigación, lo que levantó sospechas de un posible encubrimiento.
Ante estos hechos, la UFI ANIVI remitió el caso a la UFI de Delitos Especiales, dirigida por el fiscal Francisco Micheltorena. Las investigaciones preliminares revelaron más detalles incriminatorios, incluyendo la confesión de una víctima de que Gil la había convencido de modificar su declaración a cambio de $6.000.
Con estos elementos, los fiscales solicitaron la detención inmediata de Julián Gil, quien ahora enfrenta una imputación por encubrimiento agravado, al presuntamente haber manipulado una declaración testimonial a cambio de dinero. Según los investigadores, esta conducta constituye una grave afrenta contra la justicia y un engaño a jueces y fiscales, además de ser un acto de revictimización hacia la víctima de un delito sexual.
