Desde su asunción como presidenta de la Corte de Justicia de San Juan el pasado 1 de marzo, Adriana García Nieto puso en agenda una de las reformas más ambiciosas del Poder Judicial: la eliminación de la feria judicial. La iniciativa busca que los tribunales trabajen los 365 días del año, sin interrupciones en verano e invierno, y que las licencias se otorguen bajo un esquema similar al del Poder Ejecutivo.
Actualmente, la feria judicial comprende enero completo y 15 días en julio, lo que implica la suspensión de los tiempos procesales y una reducción del personal en funciones. Con la eliminación de este receso, los jueces, fiscales y peritos deberán solicitar sus vacaciones dentro de un período determinado y distribuirlas de manera escalonada.
Según García Nieto, esta modificación no solo permitiría agilizar los procesos judiciales, sino que también brindaría mayor previsibilidad a abogados, peritos y demás operadores del sistema. Además, evitaría la transferencia de causas entre jueces de feria y magistrados ordinarios, un procedimiento que muchas veces ralentiza las resoluciones.
Para implementar la medida, se deberá debatir con distintos actores del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el sindicato de trabajadores. También se evaluará si la modificación requiere cambios legislativos o si puede ejecutarse dentro del marco normativo vigente.
El fiscal general Eduardo Quattropani, quien en varias oportunidades criticó la inactividad judicial en feria, podría ser un aliado clave para concretar este cambio. Además, la implementación del sistema acusatorio ha incrementado la carga de trabajo en enero, lo que refuerza la necesidad de un esquema más dinámico.
Si bien la eliminación de la feria no se aplicará de inmediato, García Nieto estima que el nuevo sistema de licencias escalonadas podría comenzar a regir en octubre de 2026. Mientras tanto, la presidenta de la Corte seguirá avanzando en otros temas de su agenda, como la ampliación de la mediación obligatoria, la implementación de juicios por jurado y la mejora de la comunicación judicial con la ciudadanía.
El debate está abierto y marcará un antes y un después en el funcionamiento del Poder Judicial de San Juan.
