El juez de Garantías Roberto Montilla, acusado de usurpación de funciones e incumplimiento de deberes como funcionario público, no tendrá una resolución sobre su situación procesal en el corto plazo.
Fuentes judiciales señalaron que es casi seguro que se solicitará una extensión del plazo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), que vence en los próximos días, tanto por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF) como de la defensa, ya que aún “restan pruebas por producir”.
La polémica en torno a Montilla comenzó a principios de abril, cuando intentó intervenir en una causa judicial que no le correspondía, en la que había un detenido. Tras la imputación de la UFI Delitos Especiales, el juez Pablo León lo sometió a proceso y confirmó una IPP de seis meses, cuyo plazo culmina el 14 de octubre.
Se prevé que se solicite una prórroga del período de investigación, la cual deberá resolverse en una audiencia donde las partes presenten sus argumentos.
Montilla, quien asumió su cargo en marzo, se convirtió rápidamente en tema de debate en los Tribunales. La controversia se intensificó cuando intentó intervenir varias veces, incluso de manera presencial en la Comisaría 4ta, en una causa por estafa que involucraba a un detenido de 84 años. Esta causa correspondía a un juez de Flagrancia, no al Sistema Acusatorio ni a los jueces de Garantías. Imágenes de la comisaría muestran que Montilla intentó impartir órdenes y alterar la situación del detenido.
Antes de enfrentar el proceso, también intentó comunicarse con el fiscal Iván Grassi, un hecho considerado irregular. Tras la formalización de la acusación, presentó denuncias contra Grassi por la difusión de los videos y contra personal de la Comisaría 4ta, denuncias que finalmente fueron desestimadas o no prosperaron.
