La remuneración de las empleadas domésticas dedicadas a tareas de limpieza en la Argentina sostiene una actualización clave en la economía de miles de hogares, tanto del sector empleador como de quienes integran el universo de trabajadoras de casas particulares. Según el esquema vigente, el monto estipulado para noviembre 2025 se mantiene sin modificaciones desde septiembre, de acuerdo a los datos oficiales publicados por ARCA y reflejados por organismos estatales que regulan la actividad.
La última disposición salarial asignó a la categoría de personal de tareas generales, que incluye limpieza, dos valores diferenciados dependiendo de la modalidad contractual. Quienes trabajan con retiro reciben $3.052,99 por hora, en tanto que el salario por hora sin retiro asciende a $3.293,99. Estos valores corresponden a quienes acumulan menos de 24 horas semanales con un mismo empleador y son referenciales, ya que en muchos casos los montos reales que se pagan más que duplican esos valores establecidos. Oscilan entre $6.000 y $8.000, según la localidad.
Organismos estatales como ARCA y la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares determinan de manera periódica la escala. De acuerdo con las tablas difundidas y confirmadas por las actualizaciones oficiales, los valores establecidos desde el mes de septiembre siguieron vigentes en todo el territorio nacional hacia noviembre, ya que no se registraron nuevos acuerdos paritarios. Fuentes oficiales del sector recalcan que cualquier ajuste futuro dependerá directamente de nuevas rondas de negociaciones que involucren a sindicatos, empleadores y representantes del Estado.
El pago a las trabajadoras de casas particulares comprende varias categorías, pero el personal para tareas generales de limpieza cubre la mayor parte de las contrataciones en relación de dependencia en domicilios privados. Este segmento abarca tareas habituales como mantenimiento, higiene y orden en viviendas familiares, departamentos o pequeños comercios, sin distinción de tamaño del inmueble ni carga horaria específica.
A los montos básicos por hora corresponde agregarle incentivos complementarios exigidos por la ley, entre ellos el adicional por antigüedad. Este rubro calcula un 1% extra por cada año trabajado dentro de la relación laboral con un mismo empleador, según las disposiciones de la normativa nacional vigente para el sector. El concepto de antigüedad se abona de manera automática sobre el salario mensual o por hora pactado, siempre que la trabajadora acredite el tiempo de servicios de forma ininterrumpida.
Otro aspecto relevante en la liquidación del salario es el adicional por zona desfavorable. La normativa establece un incremento del 30% sobre el sueldo mínimo para aquellas empleadas que desempeñan sus tareas en áreas geográficas puntuales: la totalidad de las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y también el partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Esta medida apunta a equilibrar diferencias de costo de vida y acceso a servicios que afectan a zonas distantes del país.
Las cifras difundidas por ARCA recogen el impacto que los aportes a la seguridad social y las contribuciones patronales generan sobre el ingreso final. Estos descuentos, obligatorios por ley, permiten a las trabajadoras acceder a prestaciones de salud, jubilación, cobertura de accidentes y licencias, además de garantizar su registro bajo el régimen de casas particulares. El sistema busca proteger derechos laborales esenciales y formalizar la situación de quienes históricamente se encontraron ajenas a beneficios básicos.
Frente a la aplicación de los valores actuales, el sector empleador debe liquidar los haberes siguiendo la escala informada oficialmente. La liquidación se realiza en función de la cantidad de horas efectivamente trabajadas y del tipo de convenio (con retiro o puertas adentro). La transparencia en la nómina y el cumplimiento de los aportes sociales constituyen obligaciones centrales para los empleadores, quienes se exponen a sanciones económicas si no cumplen los requisitos dispuestos por la ley.
El sueldo mínimo y la estructura de pagos han cobrado visibilidad en un contexto de inflación y reacomodamiento salarial, donde las negociaciones paritarias para el personal de casas particulares ocupan un papel trascendente. Si bien hasta noviembre 2025 no se registraron fondos adicionales o modificaciones, el sector mantiene expectativas frente a nuevas mesas de diálogo.
Cuánto cobra cada categoría
Las referencias oficiales resaltan que la escala corresponde a quienes cumplen tareas generales, pero la estructura de casas particulares incluye otras categorías, como auxiliares para personas mayores, cocineros/as y encargados del cuidado especial. Cada segmento tiene una escala propia que contempla factores como la complejidad de las tareas, la jornada completa y la modalidad de residencia.
- Supervisor/a:
- Con retiro: $3.448,46 por hora / $433.932,78 mensual
- Sin retiro: $3.782,72 por hora / $483.589,41 mensual
- Personal para tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.):
- Con retiro: $3.254,78 por hora / $398.453,12 mensual
- Sin retiro: $3.567,66 por hora / $443.583,50 mensual
- Caseros:
- $3.052,99 por hora / $386.076,46 mensual
- Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas enfermas):
- Con retiro: $3.052,99 por hora / $386.076,46 mensual
- Sin retiro: $3.418,85 por hora / $429.943,56 mensual
- Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento):
- Con retiro: $3.052,99 por hora / $386.076,46 mensual
- Sin retiro: $3.293,99 por hora / $429.943,56 mensual
Estos valores corresponden al básico sin adicionales. Al monto final se suman los incentivos establecidos, como el plus por antigüedad (1% anual) y zona desfavorable (30% sobre el salario mínimo) en los casos indicados.
De acuerdo con la evolución histórica de la actividad, la estructura legal busca garantizar igualdad de condiciones y aggiornar los derechos laborales de un colectivo que representa una franja significativa de la economía informal. En este sentido, ARCA y otros organismos estatales implementan controles periódicos sobre el cumplimiento de la ley y la formalización del empleo.
Diversas agrupaciones y entidades intermedias han solicitado rediscutir la escala ante el avance de la inflación y los cambios en el panorama económico. La falta de acuerdos paritarios en los dos meses previos a noviembre ha dejado sin alteración las cifras oficiales, de modo que tanto trabajadoras como empleadores permanecen atentos a posibles resoluciones del Ministerio de Trabajo.
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