Este lunes, personal policial junto a la Oficina Judicial Penal de Finalización de Causas del Sistema Mixto llevó adelante un allanamiento en la Secretaría de Obras Públicas, en el marco de una investigación judicial relacionada con trabajos ejecutados entre los años 2019 y 2023, durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac.
El procedimiento se originó a partir de una denuncia que involucra a una empresa privada que tuvo contrataciones directas con el Estado provincial en ese período y que actualmente no mantiene vínculo alguno con el Ministerio de Infraestructura. La causa abarca un total de 11 expedientes de obras correspondientes a la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores.
El subsecretario de Servicios Públicos, Nicolás Álvarez, explicó que la investigación judicial se centra en un conflicto entre particulares dentro de la empresa involucrada. “Se trata de una denuncia de una de las partes de la firma, donde se menciona una presunta falsificación de firmas. La Justicia nos solicita la documentación para poder constatar y certificar esa situación”, detalló.
Según precisó el funcionario, los expedientes requeridos corresponden a obras ejecutadas desde principios de 2019 hasta junio de 2023, es decir, durante la administración provincial anterior. Los documentos originales se encontraban resguardados en el depósito y archivo del área de Obras Menores y fueron puestos a disposición de la Justicia para su análisis.
Desde el Ministerio de Infraestructura aclararon que el allanamiento no responde a una denuncia contra el organismo ni a irregularidades en la ejecución de las obras, sino a un conflicto interno de la empresa contratista. “No es una causa contra el Ministerio. Es una situación entre privados, vinculada a firmas en la documentación”, remarcó Álvarez.
Además, se informó que la empresa investigada dejó de trabajar con el Estado en 2022 y que sus tareas estaban relacionadas principalmente con el mantenimiento y acondicionamiento de establecimientos escolares.
La causa se encuentra en una etapa inicial y la documentación quedó bajo análisis judicial. Desde el Ejecutivo provincial señalaron que aguardarán el avance de la investigación para conocer eventuales definiciones, reiterando la colaboración plena con la Justicia.
