La situación judicial del intendente de Angaco, José Castro, podría tener una definición clave la próxima semana. Fuentes calificadas confirmaron que el Ministerio Público Fiscal se encuentra evaluando el pedido de conciliación presentado por el jefe comunal para evitar el juicio oral en su contra.

Sin embargo, todo indica que la respuesta sería un rechazo formal, lo que obligaría al tribunal a fijar una nueva fecha de debate.

Castro está imputado por los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, con penas que van de 2 a 6 años de prisión, además de una posible inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Su defensa presentó un acuerdo de reparación simbólica por 5 millones de pesos, firmado con el actual Concejo Deliberante, con el objetivo de aplicar una solución alternativa al conflicto y evitar el juicio.

Según trascendió, uno de los principales argumentos de Fiscalía para rechazar el planteo es que el Concejo Deliberante actual no tiene la misma integración que el que denunció a Castro en 2019.

Además, dentro del Ministerio Público consideran que este tipo de acuerdos no corresponde en casos que involucran a funcionarios públicos, y que existen antecedentes judiciales que limitan este tipo de soluciones alternativas.

La postura fiscal está en manos de la fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi, quien emitiría una respuesta “a más tardar la semana que viene”.

Un dato clave es que, según fuentes judiciales, la postura del Ministerio Público es considerada vinculante, lo que implicaría que el tribunal no podría apartarse de lo que dictamine la Fiscalía.

Si se confirma la negativa, el tribunal integrado por Miguel Dávila Saffe, Víctor Muñoz Carpino y Juan Carlos Caballero Vidal (h) deberá fijar una nueva fecha de debate en el corto plazo.

Una causa que se arrastra desde 2019

La denuncia contra Castro se originó a fines de 2019, cuando se lo acusó de haber utilizado maquinaria y personal municipal para tareas en un predio en Chimbas.

La investigación se cerró en junio de 2022, y el auto de elevación a juicio se concretó un año después. El debate había sido fijado inicialmente para este 23 de febrero, luego de varias prórrogas.

Con un escenario que se inclina hacia el rechazo del acuerdo, el intendente de Angaco podría verse nuevamente frente a un juicio oral que marcará un punto decisivo en su carrera política y en la causa judicial que lo tiene como imputado.