La crisis institucional en Angaco escaló este martes luego de que la fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi denunciara penalmente al intendente José Castro y a los concejales Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López.

Según fuentes judiciales, la presentación fue radicada en la UFI Delitos Especiales y apunta a presuntas irregularidades vinculadas al acuerdo conciliatorio que el jefe comunal impulsó para evitar el juicio oral en su contra.

El acuerdo que desató la polémica

El conflicto se originó cuando el Ejecutivo municipal promovió una ordenanza para aprobar un acuerdo de reparación integral por 5 millones de pesos, que serían donados a Cáritas de Angaco, con el objetivo de extinguir la acción penal en la causa por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

El proyecto fue aprobado por mayoría simple en el Concejo Deliberante, con el respaldo de tres ediles y el rechazo de uno de ellos.

Con esa ordenanza, la defensa de Castro presentó el acuerdo en la Justicia para frenar el juicio que ya tenía fecha de inicio.

“Grave hecho institucional”

La fiscal Gerarduzzi consideró que la maniobra sería “ilegal” y que tanto el intendente como los concejales se habrían arrogado facultades que corresponden exclusivamente a jueces y fiscales.

Según trascendió, para la representante del Ministerio Público el acuerdo implica una injerencia indebida en la disposición de la acción penal, una potestad exclusiva de la Fiscalía.

Además, fuentes indicaron que este tipo de solución alternativa no sería aplicable a funcionarios investigados por delitos contra la administración pública.

Las acusaciones

En su presentación, la fiscal denunció a todos los involucrados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

A los concejales también les imputó presunto encubrimiento agravado y negociaciones incompatibles con la función pública, al considerar que habrían intervenido para beneficiar al intendente en su situación judicial.

Otro punto que generó sospechas es el origen del monto reparatorio de 5 millones de pesos, ya que, según indicaron fuentes, no habría claridad sobre cómo se determinó esa cifra ni sobre el destino efectivo del dinero.