El intento del intendente de Angaco, José Castro, por evitar el juicio oral sufrió un duro revés. La fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi presentó este miércoles su oposición formal al acuerdo de conciliación firmado entre el jefe comunal y el Concejo Deliberante.
El escrito fue elevado a la Sala II de la Cámara Penal, que ahora deberá emitir dictamen. Si el tribunal coincide con el Ministerio Público, se fijará una nueva fecha de debate y Castro deberá sentarse en el banquillo.
Por qué fue rechazado el acuerdo
Según trascendió, Gerarduzzi sostuvo que no puede existir conciliación cuando están en juego bienes del Estado y que el Concejo Deliberante no es víctima patrimonial en la causa, por lo que no puede firmar una reparación integral del daño.
Además, la fiscal entendió que tanto el intendente como los concejales que aprobaron la ordenanza “se atribuyeron facultades de jueces y fiscales que no les corresponden”, dado que la disposición de la acción penal es exclusiva del Ministerio Público.
La causa que se remonta a 2019
Castro está imputado por fraude contra la administración pública, malversación de caudales, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación se originó a fines de 2019, cuando se detectó que maquinaria y empleados municipales realizaban tareas en un predio privado en Chimbas, presuntamente vinculado al propio intendente.
En un intento por extinguir la acción penal, Castro acordó con tres concejales —Alberto de los Ríos, Roberto López y Alejandro Paredes— el pago de 5 millones de pesos, monto que sería destinado a Cáritas de Angaco.
La defensa del intendente había argumentado que el acuerdo debía prosperar, citando el antecedente del expresidente Alberto Fernández en la causa conocida como “Fiesta de Olivos”.
Sin embargo, según fuentes judiciales, la fiscal consideró que los casos no son comparables, ya que aquel episodio no involucraba el ejercicio de funciones públicas ni presuntos delitos contra la administración.
Fuentes judiciales indicaron que la postura de la fiscal es vinculante, por lo que el tribunal integrado por Miguel Dávila Saffe, Víctor Muñoz Carpino y Juan Carlos Caballero Vidal (h) debería rechazar el acuerdo y fijar una nueva fecha de juicio.
La jugada defensiva que buscaba frenar el debate quedó así prácticamente sin efecto. Ahora, el intendente de Angaco enfrenta un escenario judicial complejo, con un proceso que se arrastra desde 2019 y que podría tener consecuencias penales y políticas de alto impacto.
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