Una disputa por un terreno ubicado en una de las zonas más cotizadas de Capital llegó a la Justicia penal y abrió un fuerte enfrentamiento entre dos presuntas herederas y un vecino de Trinidad que asegura ocupar el lugar desde hace más de dos décadas.
La causa se centra en un lote situado en la esquina de General Acha y Mariano Moreno, una propiedad cuyo valor de mercado superaría los 150.000 dólares y que actualmente se encuentra bajo investigación por una presunta usurpación.
Las denunciantes aseguran ser las propietarias del terreno
El expediente se inició a partir de la denuncia presentada por dos mujeres de apellidos Sosa y Solimano, quienes sostienen ser las legítimas dueñas del inmueble. Ambas residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y delegaron la representación legal a los abogados Jorge Guillén y Gerardo Abecasis.
Según la presentación judicial, las mujeres afirman que el terreno pertenece a su familia y que cuentan con una resolución judicial que respalda sus derechos sobre la propiedad. Por esa razón, consideran que la ocupación actual del lote es ilegítima.
La denuncia fue radicada en la UFI Genérica, donde se investiga la posible comisión del delito de usurpación de inmueble.
El acusado afirma que ocupa el lugar desde hace 25 años
Del otro lado del conflicto se encuentra Ricardo Tascheret, un agricultor que reside junto al terreno en disputa y que rechaza las acusaciones en su contra.
A través de su defensa, sostuvo que utiliza el predio desde hace aproximadamente 25 años, tiempo durante el cual realizó mejoras, colocó un portón y utilizó el espacio para guardar maquinaria agrícola y vehículos.
Además, aseguró que inició acciones vinculadas a una usucapión, al considerar que la posesión prolongada del inmueble le otorga derechos sobre la propiedad.
El conflicto estalló por un proyecto inmobiliario
La controversia tomó fuerza cuando las denunciantes intentaron avanzar con un desarrollo inmobiliario en el lugar. Según indicaron, al intentar ingresar al terreno encontraron cerramientos, vehículos y distintos elementos que impedían tomar posesión efectiva del predio.
Ese descubrimiento derivó en la presentación penal y en el inicio de una investigación que ahora busca determinar quién tiene derechos sobre la codiciada esquina de Trinidad.
Una investigación abierta y seis meses para reunir pruebas
La causa quedó bajo análisis judicial y el juez Mariano Carrera autorizó la apertura de una Investigación Penal Preparatoria por el plazo de seis meses.
Mientras la querella sostiene que existe una ocupación ilegal, la defensa afirma que no hubo delito y plantea que el conflicto debería resolverse en el ámbito civil. Incluso argumenta que cualquier eventual acción penal podría encontrarse prescripta debido al tiempo transcurrido.
Con un terreno valuado en más de 200 millones de pesos en el centro de la disputa, la resolución del caso podría tener importantes consecuencias para ambas partes.