El Concejo Deliberante de la Ciudad de Caucete aprobó en la última sesión del pasado jueves 4 de junio un proyecto presentado por el Bloque Frente Todos para dotarle de autonomía a los vecinos en futuras propuestas para la imposición de nombres en las calles departamentales y agilizando mecanismos que les permitan conocer la opinión en el seno del Concejo a estos últimos.
El cuerpo legislativo dio sanción a esta normativa que sienta un precedente único estableciendo el procedimiento para la implementación de los nombres de las calles de los loteos y barrios que no cuenten con la debida denominación con la particularidad de que los nombres que se establezcan estarán directamente vinculados a la historia del departamento o deberán hacer referencia a personas destacadas del ámbito provincial, o nacional, o, también, a nombres referidos a la historia y cultura de los pueblos originarios y aquellas personas que por su trayectoria hayan contribuido a engrandecer al departamento Caucete.
La ordenanza N°1980 – CD/2020 instituye que los vecinos, convocados en uniones vecinales, puedan proponer estos nombres presentando las potenciales propuestas para ser definidas en el seno del órgano parlamentario y pueden ser interconsultadas con otras organizaciones de la sociedad civil que puedan brindar asesoramiento sobre estas propuestas que luego serán votadas por los ediles.
El artículo 9 de la ordenanza dicta que los procedimientos para la elección “se realizarán por medio de asamblea pública en la respectiva unión vecinal si existiese, o mediante una junta de vecinos sino hay una conformación jurídica formal de la organización barrial, o bien de forma particular, acercando las propuestas de nombres casa por casa, de forma virtual tipo encuesta u otras que pueda surgir de los propios vecinos”, esta forma de referendo se deberá convocar cuando la emergencia sanitaria cese o se buscará otras vías alternativa.
El proyecto fue fundado en base a las problemáticas que se presentaron luego de que los agentes municipales que realizaron abordajes territoriales en el marco de la asistencia social por la emergencia sanitaria se vieron obstaculizadas a causa del gran porcentaje de vecinos que no poseían un domicilio formal.