El presidente Javier Milei firmó los vetos a la ley de aumento a jubilados y a la de emergencia en discapacidad, que se publicarán este lunes en el Boletín Oficial. Las iniciativas habían sido sancionadas por el Senado a principios de julio, pero el Ejecutivo demoró la oficialización de su rechazo para ganar tiempo en la negociación política.
La estrategia del Gobierno apunta a sostener el rechazo en la Cámara de Diputados. Para eso, la Casa Rosada mantiene contactos con gobernadores y bloques aliados, ofreciendo acuerdos por el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y estrategias conjuntas para las elecciones nacionales del 26 de octubre.
En ese marco, se confirmó la incorporación de cinco diputados radicales al bloque de La Libertad Avanza: Luis Picat, Pablo Cervi, Federico Tournier, Francisco Monti y Mariano Campero. El oficialismo también busca respaldo del PRO y de legisladores federales.
Los principales operadores políticos del Gobierno —el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán; el presidente de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem— mantuvieron en las últimas semanas reuniones con más de siete gobernadores, entre ellos Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza).
En varios casos, Nación negoció la conformación de frentes electorales para octubre, mientras que en otros acordó competir por separado para desplazar al peronismo en las provincias.
El Ejecutivo reiteró que no apoyará cambios en la recaudación del impuesto a los combustibles, aunque está dispuesto a dialogar caso por caso con los mandatarios para acordar cancelación de deudas y transferencias de fondos. La única concesión que se analiza es el porcentaje del tributo destinado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL).
Con la publicación de los vetos, la disputa política se trasladará al Congreso, donde el oficialismo medirá sus fuerzas para evitar que las leyes vuelvan a ser sancionadas y entren en vigencia.
