Los futuros aumentos de las jubilaciones se otorgarán cada 6 meses, en base a índices que tomarán en cuenta la recaudación y los salarios registrados de entre 3 y 9 meses antes. Y sin la garantía de que los aumentos de los haberes no serán inferiores a la inflación.
El proyecto de ley que consensuó el Frente de Todos y que el Gobierno difundió el lunes a la noche fija que los aumentos se aplicarán dos veces por año, en marzo y septiembre, como rigió entre 2009-2017.
El aumento de marzo, se basará en las variaciones de los salarios formales (RIPTE) y la recaudación tributaria de la Seguridad Social por beneficiarios que se produjeron entre julio y diciembre del año anterior. El aumento en septiembre, por lo que pasó con esas dos variables entre enero y junio, con un agregado no menor: se comparará el índice salario-recaudación con la recaudación total de la ANSeS por beneficio de los últimos 12 meses, incrementada en un 3% y de ambos se elegirá el menor.
Así, aunque la fórmula toma en cuenta salarios formales, recaudación tributaria, padrón de beneficios, en definitiva la recaudación total de la ANSeS, por beneficiarios, es el fijará el límite de los aumentos de los haberes.
Como señala el documento oficial, “este tope estuvo vigente entre 2009 y 2017 y es clave para garantizar la sustentabilidad del sistema de seguridad social, evitando que los gastos crezcan sistemáticamente más que los recursos y el déficit previsional crezca sin control (como sucedió entre 2016 y 2019). Esta condición de sustentabilidad había sido eliminada con la reforma del 2017”.
Esto es, los “gastos” – o sea, los aumentos de los haberes- no pueden crecer más que los “recursos”, dice el documento oficial, con lo que no hay ninguna garantía de que los jubilados y pensionados puedan mantener como mínimo el poder adquisitivo de sus haberes. Así, en nombre de la “sustentabilidad del sistema”, los jubilaciones y pensiones pasan a ser una de las variables del “ajuste” fiscal y previsional.
Sin embargo, la sustentabilidad del sistema depende de muchas variables, como por ejemplo, el combate contra la evasión impositiva y previsional o el nivel de las contribuciones patronales, que se han ido deteriorando, en especial en los últimos años.
Además, al espaciar los aumentos jubilatorios de 3 a 6 meses, en base a los semestres calendarios anteriores, los haberes jubilatorios corren el riesgo de quedar más rezagados frente a la inflación.
Un cambio es que para calcular la variación de los salarios se tomará exclusivamente el RIPTE y no el RIPTE o el Índice de salarios del INDEC, “de ambos el mayor”, como fijaba la fórmula de 2009-2017, y que potenciaba la variable salarial de la fórmula.
La fórmula propuesta no establece ninguna compensación inicial por la pérdida de los haberes jubilatorios durante 2018 y 2019, y durante 2020 que afectó a las jubilaciones medias y más altas.
Con el último aumento de septiembre, en los últimos tres años, las jubilaciones y pensiones mínimas tuvieron una pérdida del 14,8% y las más altas un retroceso del 21,8%. Las pérdidas afectaron a casi seis millones de beneficiarios de este tipo de haberes, así como 1,6 millones de pensiones no contributivas y otros 170.000 de beneficios de adulto mayor.
Como sucedió entre 2009-2017, los aumentos que anuncien los Gobiernos en base a esta fórmula son casi imposibles de verificar, incluso entre los especialistas, por la falta de acceso en tiempo y forma a todos los componentes de la formula.
No obstante, según ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto) esta fórmula entre “los años 2009 y 2015 tuvo un efecto redistributivo a favor de la población beneficiaria” porque “permitió el crecimiento de los haberes por sobre la inflación“. En 2016, esta misma fórmula se ubicó 10 puntos por debajo de la inflación, según informó Clarín.
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