Luego de un mes de investigación, la Justicia sanjuanina imputó a la bioquímica Rosario Cortéz, de 30 años, por el delito de intimidación pública, tras el llamado que generó una amenaza de bomba y obligó a evacuar el Hospital Guillermo Rawson.
El fiscal Ignacio Achem solicitó una audiencia para formalizar la acusación penal contra la profesional, quien se desempeña como residente en el centro de salud. Según el Ministerio Público Fiscal, hay pruebas que la vinculan directamente con la llamada al 911 que alertó sobre una bomba en el hospital.
El hecho ocurrió el martes 3 de junio de 2025. Una comunicación telefónica de apenas ocho segundos bastó para activar el protocolo de emergencia, generando la evacuación total del edificio y la movilización de Bomberos, Policía y cuerpos especiales.
Mediante la geolocalización del celular y el análisis de los datos del titular de la línea, los investigadores enfocaron la búsqueda dentro del propio hospital. Cortéz fue demorada ese mismo día, aunque recuperó la libertad horas más tarde. Su celular fue sometido a peritajes y también se revisaron las cámaras de seguridad del establecimiento.
El delito de intimidación pública contempla penas que van de dos a seis años de prisión efectiva, en caso de que se confirme su responsabilidad.
