El titular de UDAP, Luis Lucero, y su antecesora, Graciela López, irán a juicio por la retención indebida de aportes de jubilación. El pedido lo hizo el fiscal federal Francisco Maldonado luego de que el procesamiento que dictó el Juez Leopoldo Rago Gallo quedara firme, dado que si bien los gremialistas lo habían apelado, no sostuvieron la queja ante la Cámara Federal de Mendoza, indicaron fuentes judiciales. El secretario General del gremio y su predecesora están en la mira por no haber girado los fondos para la seguridad social de los empleados del sindicato en tiempo y forma, habiendo tenido recursos para hacerlo. Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2016 y julio de 2017 por un total de 2.677.517 pesos.
El pedido de elevación a juicio por parte del representante del Ministerio Público Fiscal ocurrió a mediados de septiembre, pero salió a la luz esta semana. El delito que está en juego es el de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social, contemplado en la ley penal tributaria. De acuerdo a la norma, “será reprimido con prisión de dos a seis años el empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes, siempre que el monto no ingresado superase la suma de 20 mil pesos por cada mes”.
De acuerdo a la investigación que llevó adelante en mayo de 2018 el jefe de la Sección Penal Tributaria, de la división jurídica de la Dirección Regional San Juan de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), UDAP no hizo los desembolsos correspondientes al tributo de sus empleados en los meses de diciembre de 2016 y febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2017. Los montos en juego desde el primer hasta el último mes son 438.109, 329.664, 314.019, 351.854, 350.218, 528.598, 365.052 pesos respectivamente, por lo que el monto total reclamado por el fisco supera los 2,6 millones de pesos. Durante ese período, López estuvo al frente del sindicato y Lucero era el Adjunto. Este último llegó a la cúpula de la entidad este año.
Según confirmaron fuentes judiciales, además de la deuda, los sabuesos de la AFIP detectaron que el gremio con mayor representación entre los docentes de la provincia tuvo, en los meses auditados, montos suficientes para abonar los aportes retenidos al personal y que, además, realizó otros pagos con destinos diferentes al de saldar sus obligaciones. Así, la Justicia determinó que quienes estaban al frente de la entidad durante esos meses, Graciela López y Luis Lucero, “retuvieron indebidamente el importe correspondiente a los aportes de la Seguridad Social de sus empleados en relación de dependencia”.
El peso de la ley recae sobre el actual titular de UDAP y su antecesora dado que la ley penal tributaria establece que son responsables penales “los directores, gerentes, síndicos o autoridades que hubiesen intervenido en el hecho punible”. De acuerdo a la resolución, López y Lucero “tenían la obligación de depositar los montos de sus empleados”.
El procesamiento inicial fue apelado por los imputados, pero fue confirmado por la Cámara de Apelaciones de Mendoza.
Fuente: Diario de Cuyo
