La Justicia de San Juan condenó a Juan Carlos Cornejo González, de 18 años y oriundo de Caucete, luego de una investigación que permitió vincularlo con el intercambio de siete archivos de material de abuso sexual infantil a través de una cuenta de Google.
El caso fue resuelto mediante un juicio abreviado, homologado por el juez Mariano Carrera, quien impuso una pena de seis meses de prisión de ejecución condicional y estableció además dos años de reglas de conducta.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Andrea Insegna y la ayudante fiscal Florencia Buteler, quienes reunieron información de distintas plataformas y servicios digitales para identificar al usuario detrás de las cuentas investigadas.
Los informes permitieron establecer coincidencias entre Google, WhatsApp, Mercado Pago y Facebook, además de datos técnicos relacionados con la conexión utilizada para subir los archivos. Uno de los elementos centrales fue la coincidencia de una dirección IP con la utilizada por el acusado.
A esto se sumaron datos vinculados al número telefónico utilizado y otros registros que permitieron reconstruir el vínculo entre las cuentas investigadas y Juan Carlos Cornejo González.
El Motorola Moto G54 quedó en el centro de la causa
Uno de los dispositivos señalados durante la investigación fue un Motorola Moto G54, relacionado con las cuentas y el número telefónico analizados por los investigadores.
La línea telefónica estaba registrada a nombre de la madre del joven. Este vínculo familiar fue acreditado mediante la partida de nacimiento aportada por el Registro de las Personas.
En mayo de 2026, además, se realizó un allanamiento en el que fueron secuestrados distintos dispositivos electrónicos que quedaron incorporados a la investigación.
El examen mental y la situación del acusado
Durante el proceso también se incorporó un informe social y un examen mental, realizados en marzo de 2026. Según se expuso durante la audiencia, el estudio concluyó que el joven comprendía la criminalidad de sus actos.
El acusado no registraba antecedentes penales, un elemento que fue considerado al momento de establecer la pena. También se tuvo en cuenta su edad, sus condiciones personales y su decisión de aceptar voluntariamente la resolución mediante un juicio abreviado.
El hecho fue encuadrado en el artículo 128 del Código Penal, dentro de los delitos vinculados al material de abuso sexual infantil, con la agravante correspondiente a la edad de las víctimas.
Finalmente, el juez Mariano Carrera homologó el acuerdo alcanzado entre las partes y estableció una pena de seis meses de prisión de ejecución condicional, por lo que el joven no deberá cumplirla de manera efectiva en un establecimiento penitenciario mientras cumpla las condiciones impuestas.
Además, deberá respetar durante dos años las reglas de conducta fijadas por la Justicia.
La Justicia ordenó destruir el celular
Una de las medidas particulares de la sentencia está relacionada con el Motorola Moto G54. La Fiscalía solicitó que el dispositivo fuera decomisado y destruido una vez que la resolución quede firme.