Un expediente tramitado por presuntas lesiones en el marco de violencia intrafamiliar y de género concluyó con una resolución judicial en las últimas horas. La Unidad Fiscal interviniente definió el sobreseimiento de Leonel Oscar González, a quien se le atribuyó un episodio de agresión en el departamento Chimbas, al tiempo que fijó una prohibición de acercamiento por el término de un año para resguardar a la víctima.
La medida fue resuelta bajo la órbita del artículo 356 inciso 5 del Código Procesal Penal (CPP), luego de que el fiscal del caso, Dr. Cristian Gerarduzzi, determinara que no existían elementos probatorios suficientes para sostener la acusación y llevar el legajo a la instancia de juicio oral.
La intervención inicial y el procedimiento en flagrancia
El hecho investigado se produjo el pasado 3 de agosto de 2026, alrededor de las 19:08 horas. En esa oportunidad, personal policial acudió a un domicilio ubicado en el departamento Chimbas tras recibir un alerta emitido por el Centro Integral de Seguridad Emergencias (CISEM 911) por un posible altercado familiar.
Al llegar al inmueble, los uniformados constataron que se había desencadenado una fuerte discusión verbal entre González y su pareja. En ese contexto, el hombre habría agredido físicamente a la mujer mediante un puntapié en la zona del muslo izquierdo, ocasionándole lesiones de carácter leve.
Debido a la inmediatez temporal y las evidencias recabadas en el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión en flagrancia del acusado a las 19:15 horas. Posteriormente, el Ayudante Fiscal en turno, Dr. Oscar Santiago Oropel, coordinó las primeras directivas procedimentales y puso las actuaciones a disposición de la Unidad Fiscal competente.
Desenlace judicial y medida cautelar
Tras completar las diligencias de rigor y el análisis de las pruebas contenidas en el legajo fiscal, la fiscalía concluyó el proceso penal respecto al delito imputado. No obstante, en resguardo de la integridad física y psíquica de la víctima, las autoridades judiciales impusieron una medida cautelar de restricción de acercamiento por 12 meses, impidiendo al involucrado aproximarse al entorno de la denunciante.