Un agente de la Policía de San Juan fue formalmente imputado por la Justicia provincial tras un violento ataque contra su excompañera en el asentamiento Río San Juan, en Alto de Sierra. El acusado, identificado como Jorge Luis Correa (28), pertenecía a la Comisaría 9ª de Caucete y enfrenta cargos por incendio, daño y estragos.
El caso, bajo la órbita de la UFI CAVIG, encendió nuevamente las alarmas sobre los protocolos y el seguimiento institucional en causas de violencia machista que involucran a efectivos de las fuerzas de seguridad.
Ataque planificado y riesgo de tragedia
El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 13 de septiembre, alrededor de las 1:10 horas. Según la hipótesis formulada por la fiscal Alejandra Bazán y la ayudante fiscal Beatriz Vaca, el imputado habría ejecutado una maniobra previa para acorralar a la víctima:
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Sabotaje previo: Inhabilitó el automóvil de la mujer, un Renault 12, cortando los cables del sistema de arranque.
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El incendio: Llegó al lugar en una motocicleta enduro negra, roció el vehículo con thinner y le prendió fuego.
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Peligro inminente: Las llamas se iniciaron a escasa distancia de la casilla donde la víctima dormía junto a sus hijos pequeños, alcanzando parte del techo y el frente del inmueble.
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Intervención vecinal: La rápida reacción de los vecinos, quienes arrojaron agua, barro y piedras, impidió que la estructura se consumiera por completo.
Durante un allanamiento en el domicilio del policía, los peritos secuestraron un bidón con tres litros de solvente. Además, diversos testimonios lo ubicaron vestido de negro en las inmediaciones del lugar minutos antes del siniestro. Durante la audiencia de formalización, asistido por la abogada María Filomena Noriega, Correa optó por abstenerse de declarar.
Antecedentes y medidas dispuestas
El historial del agente revela episodios previos de violencia. En 2024 había sido denunciado por golpear a otra expareja en el fuero de Flagrancia, causa que derivó en la concesión de una probation por un año. A raíz de ese antecedente, la fuerza le había retirado el arma reglamentaria y asignado a tareas administrativas.
Por su parte, la víctima del reciente ataque había solicitado asistencia y medidas de protección ante la Dirección de Género un mes antes del atentado.
Pese a los elementos incriminatorios presentados por la Fiscalía, el juez de garantías Federico Rodríguez ordenó que el imputado recupere la libertad. La resolución fijó un plazo de 8 meses para la investigación de la causa y la colocación de una tobillera electrónica por 4 meses para monitorear el cumplimiento de las restricciones de acercamiento.