Acueducto Gran Tulum: ¿puede quedar en la nada una causa que involucra a políticos?

La decisión de la jueza Mónica Lucero de declarar nulos varios actos del proceso conocido como "Acueducto Gran Tulum" abrió nuevos interrogantes sobre el futuro de una investigación que involucra a figuras políticas.

La causa por el Acueducto Gran Tulum atraviesa un nuevo momento de incertidumbre y vuelve a instalar una pregunta inevitable: ¿la investigación podrá avanzar hasta esclarecer los hechos o quedará atrapada en una sucesión de planteos judiciales? La reciente resolución de la jueza Mónica Lucero, que declaró la nulidad de distintos actos del proceso, reabrió el debate sobre el futuro de un expediente que tiene a 11 personas bajo investigación, entre ellas dirigentes vinculados al ámbito político.

La decisión fue tomada durante la audiencia del martes 17 de noviembre, luego de que las defensas plantearan la nulidad absoluta de las actuaciones. El planteo apuntó a una serie de irregularidades vinculadas con el trámite de una recusación presentada contra la magistrada.

Una causa que vuelve a foja cero en parte

Lucero resolvió hacer lugar parcialmente al pedido y declaró nulos los actos cumplidos desde el 13 de octubre de 2026, incluidas las jornadas de audiencia de formalización que se habían desarrollado hasta el momento.

El punto central estuvo relacionado con una recusación presentada por los abogados de Guillermo Nicolás Sirerol y Sergio Fabián Ruiz, quienes habían cuestionado la intervención de la jueza a partir de una denuncia penal que ellos mismos habían presentado en su contra.

Sin embargo, el Código Procesal Penal establece que una denuncia contra un magistrado puede fundamentar una recusación únicamente cuando fue presentada antes del inicio del proceso. En este caso, la denuncia fue posterior.

El trámite que ahora deberá corregirse

El 13 de octubre, Lucero había expresado que no compartía los argumentos de la recusación y que continuaría interviniendo en la causa. Pero esa respuesta no fue enviada al Tribunal de Impugnación, tal como establece el procedimiento.

Esa omisión fue el argumento utilizado por las defensas para solicitar la nulidad. Finalmente, la jueza dispuso que se corrija el trámite y que se remitan de inmediato la recusación, su respuesta y los antecedentes al tribunal correspondiente, que deberá resolver si continúa al frente del expediente o si debe apartarse.

¿Qué pasa con los dirigentes políticos investigados?

La resolución vuelve a demorar una instancia clave: la formalización de la investigación penal preparatoria. Por ahora, y como consecuencia de la nulidad declarada, los 11 investigados todavía no quedaron formalmente imputados en esta etapa del proceso.

El dato no es menor, especialmente por la repercusión pública que tiene una causa vinculada a una obra de infraestructura y que involucra a personas relacionadas con la política. La ciudadanía espera conocer qué ocurrió, si existieron responsabilidades y si la investigación podrá llegar hasta el fondo de los hechos.

¿La causa puede quedar en la nada?

La nulidad dispuesta por Lucero no significa el cierre de la investigación ni una declaración de inocencia de los involucrados. Tampoco implica que los hechos investigados hayan quedado descartados. Lo que ordenó la jueza es corregir un procedimiento que, según su propia resolución, tuvo una omisión que debe ser subsanada.

Pero el nuevo escenario sí plantea interrogantes sobre los tiempos judiciales y la posibilidad de que el expediente vuelva a demorarse. Si el Tribunal de Impugnación confirma a Lucero, deberá repetirse la audiencia de formalización. Si decide apartarla, la causa pasará al magistrado que corresponda según el orden de subrogancia.

Por ahora, no existe una resolución que permita afirmar que el expediente quedará archivado o que no habrá responsabilidades. La continuidad de la causa dependerá de las próximas decisiones judiciales y de que se pueda retomar el trámite sin nuevas interrupciones.

La pregunta que queda abierta es cuánto tiempo más llevará conocer si existen responsabilidades en una investigación de alto interés público. Y, sobre todo, si el proceso logrará avanzar más allá de las disputas procesales para que los hechos sean finalmente esclarecidos.

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