La Justicia penal de San Juan dictó el procesamiento sin prisión preventiva contra dos ciudadanos mendocinos —padre e hijo— acusados de haber comercializado una propiedad rural en Calingasta que previamente habían comprometido como parte de pago por los servicios profesionales de sus propios abogados. Los imputados son el abogado Manuel Andrés Campoy (76) y el licenciado en Administración Germán Campoy Rosenthal (51), sobre quienes también recayó un millonario embargo preventivo.
La medida judicial fue emitida el pasado 6 de noviembre de 2026 por la Oficina Judicial Penal de Finalización de Causas del Sistema Mixto (ex 3º Juzgado de Instrucción). El delito que se les endilga es defraudación por desbaratamiento de derechos acordados (artículo 173, inciso 11 del Código Penal), en perjuicio de los letrados Jorge Alberto Guevara y Gerónimo Guevara March. Esta figura penal sanciona a quien enajena, oculta o vuelve imposible el acceso a un bien previamente prometido a un tercero. Cabe recordar que el procesamiento constituye una sospecha fundada para avanzar a juicio, pero no equivale a una condena firme.
El origen del acuerdo por las tierras en Barreal
El conflicto se remonta a 2014, cuando los Campoy contrataron al estudio de los Guevara para litigar en causas societarias contra la firma Forestal S.A. en el Juzgado Comercial Especial. El 7 de octubre de aquel año suscribieron un convenio de honorarios: si lograban recuperar tierras de la empresa, los abogados recibirían cuatro hectáreas de una finca ubicada en Barreal, Calingasta. Como vía alternativa, los clientes podían cancelar la deuda abonando un piso de 25.000 dólares en un plazo de 180 días.
El objetivo del pleito se cumplió poco después. El 5 de noviembre de 2014, mediante escritura pública, Germán Campoy adquirió por permuta el lote A —de aproximadamente 193 hectáreas— a cambio de sus acciones en Forestal. En abril de 2015, un magistrado comercial homologó el pacto de honorarios y, según sostienen los denunciantes, la opción de saldar la cuenta en dólares nunca fue utilizada.
Posesión entregada y venta a espaldas de los letrados
El 26 de octubre de 2017, mediante acta notarial, padre e hijo otorgaron a los Guevara la posesión efectiva de las cuatro hectáreas pactadas. Solo restaba que los clientes completaran los trámites de mensura, subdivisión y escrituración definitiva a favor de los profesionales.
Sin embargo, los papeles nunca se firmaron. De acuerdo con los registros oficiales de la Propiedad, el 9 de octubre de 2019 los Campoy vendieron la totalidad del campo —incluyendo la fracción prometida a los letrados— a María Inés Llorvandi, operación que quedó inscripta dos días después.
Recién en diciembre de 2019, los Guevara enviaron cartas notariales a Mendoza y San Juan intimando al cumplimiento del acuerdo en un plazo de tres días, sin obtener respuestas. En 2020 iniciaron la ejecución judicial del convenio en sede comercial; allí, los Campoy intentaron frenar el reclamo ocultando que el inmueble ya tenía nueva dueña. Ese planteo fue desestimado en primera instancia en 2021 y ratificado por la Cámara de Apelaciones en febrero de 2024.
Los fundamentos del fallo y el embargo
Para el magistrado interviniente, la transferencia a Llorvandi consolidó un derecho definitivo frente a terceros, tornando jurídicamente imposible que los abogados puedan escriturar las tierras a su nombre.
En su declaración indagatoria del 24 de septiembre de 2025, Germán Campoy negó cualquier intención de fraude. Aseguró que en diciembre de 2019 ofreció pagar los 25.000 dólares en efectivo y que los letrados se negaron, argumentando además que la posesión era una mera garantía y que los denunciantes conocían la operación inmobiliaria porque se tramitó en una escribanía allegada a ellos. Incluso propuso tasar el lote para abonar su valor actualizado, mientras que su padre optó por el silencio.
El juez rechazó de plano esta coartada al comprobar que tanto la inscripción a nombre de Germán como la venta posterior ocurrieron antes de las intimaciones de diciembre de 2019, cuando el resultado que daba derecho a los honorarios ya estaba consumado.
Finalmente, la resolución dispuso el procesamiento de ambos por desbaratamiento de derechos acordados —desestimando las figuras de estafa procesal y concurso real solicitadas por la querella— y ordenó trabar un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $40.000.000. La defensa aún cuenta con plazos legales para apelar el fallo, manteniéndose vigente el principio constitucional de inocencia.









