En la audiencia de formalización de la investigación, el Ministerio Público Fiscal, representado por Francisco Micheltorena, solicitará a la Justicia que el exintendente de Caucete, Julián Gil, permanezca detenido mientras se tramita el expediente en su contra. La solicitud se basa en la gravedad del delito imputado a Gil, quien está acusado de manipular declaraciones en casos sensibles de abuso sexual, lo que habría llevado a engañar tanto al Ministerio Público como a los jueces.
El exintendente enfrenta cargos por encubrimiento, un delito cuya pena oscila entre seis meses y tres años de prisión. Sin embargo, la situación de Gil se agrava debido a que la causa en la que intervino para modificar una denuncia involucra un abuso sexual con acceso carnal, lo que duplica la escala penal a un rango de uno a seis años de prisión.
La detención de Gil ha generado un gran escándalo, especialmente porque se produjo en los pasillos de los Tribunales, justo después de que el abogado finalizara una audiencia del sistema acusatorio. Personal policial lo arrestó en el subsuelo del edificio 25 de Mayo. Ahora, Gil espera ser presentado ante la jueza de Garantías, Verónica Chicon, en una audiencia que está programada para este viernes.
Según explicó el fiscal Micheltorena, la investigación comenzó cuando una madre, acompañada de su hija menor, intentó ser convencida por Gil para que cambiara su testimonio. La menor grabó la conversación, en la cual el abogado habría admitido haber realizado este tipo de acciones en casos anteriores, incluso llegando a pagarle dinero a una mujer para que modificara su declaración, lo que resultó en el sobreseimiento de un imputado en un caso de violación.
El Ministerio Público sostiene que esta práctica podría haber sido habitual en la conducta de Gil, y que en más de un episodio, habría explotado la vulnerabilidad económica de las víctimas, como en el caso de una mujer a quien supuestamente pagó 6.000 pesos en 2021 para que cambiara su testimonio en una denuncia de violación.
Por este motivo, la Fiscalía solicitará que Gil permanezca detenido mientras avanza la investigación. Además, el exintendente ha solicitado acceder a una suspensión de juicio a prueba (probation), un beneficio que permite evitar un juicio a cambio de realizar tareas comunitarias. Sin embargo, es probable que esta solicitud sea rechazada por el Ministerio Público, lo cual sería un obstáculo significativo para la defensa de Gil.
En caso de una eventual condena, el Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados podría intervenir, con la posibilidad de imponer una inhabilitación temporal o incluso la cancelación de la matrícula profesional de Gil, lo que lo dejaría fuera del ejercicio de la abogacía.