El preso José Osvaldo Benítez presentía durante la noche del 16 de octubre de 2016 que lo rodeaba un halo de venganza. En prisión hay cosas que se huelen. Cambia el clima. El aire se tensa como una cuerda de equilibrista. Benítez se lo dijo a su esposa mientras le hablaba por el teléfono público dentro del pabellón 32, en el primer piso del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, comúnmente conocido como la cárcel de Devoto.
Y así fue. Cuando cortó y giró, el detenido estaba rodeado por tres pesos pesados del “rancho”. Eran “El Uruguayo”, “El Gordo Fernando” y “El Sicario de Don Orione”. Detrás de estos hombres, el resto de los habitantes del pabellón. Eran las 23.30 y como una manada salvaje el trío se tiró encima de Benítez. Lo que siguió fueron ocho horas y medio de espanto y horror: le pegaron, le intentaron quemar la cara, lo ahogaron en un inodoro y lo empalaron.
Todo porque Benítez comentó que sabía que ellos vendían y distribuían drogas en la cárcel con total impunidad.
Durante toda la noche, el preso atacado gritó, preso del dolor extremo. Pero ninguno de los tres agentes penitenciarios a cargo de la custodia del pabellón lo ayudó. Al contrario. Miraron para otro lado, según la acusación en su contra que llegó a la Justicia. Uno de ellos le dijo: “Vas a tener que esperar al recuento” (de presos). Casi a las 8 de la mañana del día siguiente, cuando el celador de turno fue a revisar el sector, lo encontró a Benítez desangrándose: lo salvó un colchón, que sus compañeros le pusieron para detener la hemorragia.
Pasaron tres años y medio de aquel hecho y finalmente el juez Alejandro Ferro, tras el pedido de la fiscal Mónica Cuñarro, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 16, elevó el caso a juicio oral el 6 de febrero pasado: los presos Alejandro Daniel Nogués (alias “El Uruguayo”, 46 años), Fernando Matías Pacheco (“El Gordo Fernando”, 34) y Jonathan Ricardo Rolón (“El Sicario de Don Orione”, 25) junto a los penitenciarios Miguel Ángel Rolón (32), Nelson Javier Vargas (28) y Marcelo Fabián Lezcano (42), estarán en el banquillo de los acusados.
A los tres detenidos se les endilga haber sometido a torturas a José Osvaldo Benítez, mediante el empalamiento, sumado a golpes, patadas, palazos y quemaduras, lo que le causó severas lesiones que pusieron en riesgo su vida. Fue en represalia, asegura la causa, por sus comentarios sobre la venta de drogas ilícitas en su pabellón por parte de algunos internos, concretamente, cocaína y calmantes, pastillas. Y quien los distribuía era, supuestamente, “El Gordo Fernando”.
Según Cuñarro, el personal del Servicio Penitenciario no sólo estaba al tanto del negocio, sino que lo permitía. Y por eso, de acuerdo con la fiscal, colaboraron con la venganza mediante el ninguneo a su pedido de ayuda.
Los presos acusados podrían recibir otra condena de entre 8 y 25 años de prisión por el delito de torturas más las lesiones graves, para las que el Código Penal contempla una pena de entre uno y 6 años. En tanto que los penitenciarios, por la omisión de las torturas, podrían ser castigados con una pena de entre 3 y 10 años de cárcel.
En su declaración a los investigadores, Benítez contó que el 15 de octubre había tenido una pelea con Pacheco, “el Jefe del Pabellón”, porque quería su “mono” (muda de ropa). Al día siguiente, alrededor de las 23.30, después de hablar por teléfono con su mujer, a quien le cortó porque le dijo que presentía que le iban a pegar, se le acercaron tres internos, con quienes mantuvo una pelea mano a mano, de a uno por vez.
De allí, Benítez se llevó un puntazo en la panza. La bronca se había desatado porque unos días antes él le contó a un amigo del Pabellón 30 que algunos compañeros vendían drogas en su “rancho”.
Después de la pelea, ya herido de un facazo, los tres atacantes lo llevaron a la cocina, donde intentaron quemarle la cara con una hornalla encendida. Ahí Benítez se lesionó una de sus manos en el intento de protegerse. De la cocina lo arrastraron a las camas, lo tiraron al piso boca abajo, varios internos lo sostenían y lo empalaron.
Con trompadas y patadas, lo trasladaron al baño, donde Benítez contó que lo “caranchearon”: “El Uruguayo” tiró un balde de ropa al inodoro para que se tape, luego lo llenó de agua y mientras otros internos lo sostenían, “El Gordo Fernando” le metía la cabeza en el inodoro ahogándolo una y otra vez.
De allí lo llevaron a los golpes al centro del pabellón y lo dejaron tirado. La víctima relató que, como pudo, fue al baño. Sentía un dolor terrible y ardor en el estómago. Además sufría un importante sangrado. En ese momento, “El Gordo Fernando” le ordenó a otro interno que le trajera un pedazo de colchón para que no se notara la hemorragia.
Así tomó su “mono”, fue hasta la reja y gritó por más de 20 minutos. Pedía atención médica, pero los agentes penitenciarios le decían que tenía que esperar al recuento para sacarlo del pabellón. Gritaba tanto de dolor que entonces los internos se acercaban a la reja para pegarle y tirarle orina con el objetivo de que se callara, de acuerdo a su relato. En ese momento, el personal penitenciario tampoco hizo nada.
Finalmente, “El Gordo Fernando” le dio media docena de pastillas de alprazolam para que se calme. Esa droga se utiliza para calmar ansiedad y estrés y provoca sueño. Entonces Benítez se quedó dormido. Desde la madrugada hasta las 8 de la mañana Benítez estuvo tirado en el piso, dormido pero desangrándose. Despertó en el hospital de la cárcel y volvió a desvanecerse. El siguiente recuerdo que tiene es a punto de entrar al quirófano del Hospital Vélez Sarsfield, donde le pusieron un ano contranatura.
Si bien Pacheco y Rolón (“El sicario de Don Orione”) se negaron a declarar, Nogués, el uruguayo, presentó un escrito donde confirmó cómo fueron los hechos, de acuerdo a la misma versión que dio Benítez. En el texto, ratificó que el proveedor de las sustancias era “El Gordo Fernando”, que las pastillas y calmantes en general entraban los días de visitas y la cocaína la conseguía Fernando en los pisos “de arriba”.
Días anteriores al ataque a Benítez había ingresado al pabellón “El sicario de Don Orione” y era el nuevo protegido de Fernando ya que desde el primer día hizo todas las tareas que él le encomendaba: barrer y cocinar. A cambio, Fernando le daba sus drogas.
Para Cuñarro, los agentes penitenciarios fueron cómplices por no interceder en la pelea ni auxiliar a la víctima después del ataque. “Eran competentes para evitar las torturas a las que estaba siendo sometido Benítez y, sin embargo no adoptaron ninguna actitud para evitarlo”, escribió la fiscal en su pedido de elevación a juicio.
“Entiendo que se encuentra probado que los agentes penitenciarios tuvieron conocimiento de los hechos aberrantes a los que estaba siendo sometido Benítez y, pese a ello, decidieron no evitarlos y, una vez ocurridos, omitir prestarle auxilio, dejándolo en la celda por casi ocho horas hasta el cambio de turno”, agregó Cuñarro.
Los agentes imputados negaron con diversas excusas que los hechos hayan sucedido durante su presencia y apelaron la imputación. La fiscal no les creyó: “No se advierte ningún impedimento en Vargas, Lezcano y Rolón para actuar conforme las obligaciones inherentes a su función y adoptar las medidas que eran necesarias para detener la agresión o, al menos una vez ocurrido, auxiliar a Benítez”, afirmó.
A pesar de la acusación, los tres agentes penitenciarios no fueron exonerados de la fuerza, pero sí apartados de sus funciones por orden del juez Ferro, recién el 20 de diciembre pasado, tres años y dos meses después de los hechos contra Benítez.
Una fuente de las altas capas del Servicio Penitenciario Federal aclaró a Infobae que los agentes imputados no tienen contacto con internos y que su exoneración está pendiente de lo que decida la Justicia: “Los casos de tortura o vejaciones que acreditamos los hemos denunciado nosotros y administrativamente cabe exoneración”.
Días atrás, Cuñarro le envió una carta a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo. “Se pone en su conocimiento a la Señora Ministra”, escribió en la primera línea. ¿La finalidad? “Que se investigue el posible ingreso y comercialización de sustancias dentro de la Unidad”.
Fuente: Infobae