Durante dos años, en un barrio humilde del sudeste de la ciudad de Salta, en una situación de extrema pobreza, una madre entregó a sus dos hijas de 7 y 10 años a un vecino, un almacenero jubilado de 68 años, para que las viole a cambio de un monto que iba de los $40 a los $100, según el acto sexual que el abusador deseara, de acuerdo a las acusaciones en su contra elevadas por la Justicia provincial. Las violaciones fueron descubiertas cuando A.L, la hija mayor, le contó a su abuela lo que ella y su hermana atravesaban, lo que provocó que la abuela se acercara a una comisaría de la Policía salteña y denunciara a su propia hija.
La madre y el violador fueron elevados a juicio, con un expediente a cargo de la fiscal Cecilia Flores Toranzo. En los últimos días, según pudo saber Infobae, la fiscal agravó las imputaciones contra los acusados. Descubrieron algo peor: la mujer no solo prostituía a sus hijas: también lo hacía con dos amiguitas de las nenas.
“Se formaron dos causas, una para las hijas de la acusada y otra para las dos vecinas. Seguramente se haga un solo juicio para ambas. Lo que dijeron las cuatro nenas en sus declaraciones en circuito cerrado de televisión fue más que contundente. No pudieron especificar la cantidad de veces que sucedió pero creemos que fueron varias”, cuenta una fuente con acceso al expediente.
Los detalles del expediente se mantienen con absoluto recelo por investigadores y policías: no ha trascendido el nombre del violador o la madre, ni siquiera el nombre del barrio donde ocurrieron los hechos. El riesgo de un linchamiento a inocentes es obvio. Sin embargo, en la elevación a juicio, que se realizó a principios de enero de este año, se mencionan algunos detalles que ayudan a entender la perversidad de la situación. La madre de las nenas tiene 27 años y pasaba gran parte del día pautando la suma de dinero por la cuál iba a entregar a sus hijas para ser obligadas a realizar distintos actos sexuales. Los montos variaban dependiendo lo que el violador eligiera del menú que le ofrecían. Cada cosa tenía su precio. Existía una especie de tarifario; los montos que se abonaban nunca superaban los $100.
El acusado residía en el mismo barrio y es padre de varios hijos, aunque cuando sucedieron los hechos vivía solo. Según la investigación de la fiscal Flores Toranzo, tiene una estrecha vinculación con la madre de las víctimas, ya que ella había trabajado durante meses en la despensa que el hombre tiene en la parte delantera de su casa. Se cree que gracias a ese vínculo es que luego se llegó a consumarse las transacciones de dinero a cambio de las violaciones. Además, los dos eran amantes.
Tanto el acusado de 68 años como la madre de las nenas fueron detenidos apenas inició la causa a finales del año 2018 en un operativo de la policía de Salta coordinado por la propia fiscal. La acusación para ambos es grave: prevé una pena máxima de 15 años. Si bien son los únicos dos detenidos, hay una persona más que está imputada, aunque en libertad, alguien que conocía la situación pero no dijo ni hizo absolutamente nada: el padre de las menores.
“El papá está imputado sólo en la causa que atañe a sus nenas, no en la de las amigas porque no se pudo probar ni participación ni que estuviera en conocimiento a diferencia de su esposa. Con respecto a sus hijas, de las declaraciones de ellas mismas, surge que el padre sabía lo que sucedía. Lo que se le imputa en concreto es el haberse aprovechado de los beneficios económicos. Si bien técnicamente tiene la misma pena, el grado de participación es distinto y por eso llegara al juicio oral en su casa”, indican desde el Ministerio Público Fiscal salteño.
Algunos días después de las detenciones, tanto la madre de las nenas como el dueño de la despensa hablaron. En sus declaraciones indagatorias dieron versiones diferentes aunque la más llamativa es la del acusado. Ante la Justicia reconoció el vínculo con las nenas pero negó que existiera una violación. Lo que dijo fue barbarie pura: “Eso es verdad pero no hubo ningún abuso. Ellas querían”. Desde ya, el Código Penal no prevé consentimiento para nenas de 7 y 10 años como en este caso. Por su parte, la mamá de las menores fue confusa en su relato y no mejoró en nada su situación procesal además de negarse a responder preguntas.
En cuanto a las dos amigas, de edades similares a las de las hijas de la detenida, se cree que las cooptaban prometiéndoles golosinas u otros regalos para luego ser abusadas sexualmente por el vecino. Si bien en un principio se investigó a los padres de estas menores, se descartó que hayan participado del delito y sus testimonios fueron importantes para empezar a esclarecer el hecho.
Las reiteradas violaciones a las que eran sometidas todas las víctimas de acuerdo a la imputación de Flores Toranzo no fueron el único tormento que vivieron. Las declaraciones testimoniales coinciden en decir que además eran obligadas a ver cómo la mujer de 27 y el hombre de 68 tenían relaciones sexuales delante de ellas. Incluso había un montó prefijado para que las nenas estuvieran presentes durante el acto sexual. Por esto es que se sumó la figura penal de corrupción de menores agravado por la edad de las víctimas a las imputaciones que ya contenían delitos gravísimos como abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con promoción y facilitación a la prostitución de menores agravado por ser las victimas menores de 18 años.
Si bien la causa esta elevada a juicio desde enero de este año, todavía no hay una fecha para el debate oral. “Se espera que la defensa oficial haga planteos. Lamentablemente el tema del coronavirus seguramente retrase todo por lo que creemos que el juicio será recién el año que viene”, asegura una fuente cercana al caso.
La pobreza y la marginalidad en la cual está sumergido el barrio donde sucedió todo esto no es un detalle menor y funciona como denominador común en casi todos los casos donde la prostitución infantil es promovida por los propios padres de las víctimas, que se repitieron durante los últimos años. En 2018, Infobae sacaba a la luz la historia de Ramona Perla y Julian Agripino, oriundos de Paraguay, que fueron detenidos en la Villa Azul, en el límite entre Wilde y Bernal por haber entregado a su hija de 15 años para que la violara Juan Bautista Rótela Domínguez, el dueño de la casilla en la que vivían en concepto de pago de alquiler.
Sin embargo, el caso más paradigmático en cuanto a explotación sexual infantil sucedió en la ciudad de Rafaela, Santa Fe. En este caso no se trataba solo de un padre o una madre que prostituían a sus hijas sino de una familia entera con los pies en el barro del oscuro negocio del sexo con menores. Un clan. Los ojos de los investigadores de este tipo de delitos se abren bien grandes cuando se les menciona el apellido Landriel, con uno de sus hijos, Daniel y su padre Abelardo acusados de llevar a nenas a hoteles de Flores y Constitución.
Fuente: Infobae