Este viernes, el vocero presidencial Manuel Adorni informó en conferencia de prensa desde Casa Rosada que el Gobierno nacional suspendió más de 100.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral tras detectar irregularidades en su otorgamiento. La medida se conoció un día después de que la Cámara de Diputados rechazara el veto del presidente Javier Milei a la ley que incrementa el presupuesto destinado al área de discapacidad.
Según precisó Adorni, hasta el momento la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suspendió un total de 110.522 pensiones consideradas mal otorgadas durante gestiones anteriores. Además, se dieron de baja 8.107 pensiones correspondientes a personas fallecidas y otras 10.038 a beneficiarios que renunciaron voluntariamente al beneficio.
El vocero aseguró que el proceso de auditoría aún está en marcha, y remarcó que el 60% de los beneficiarios convocados a verificar sus datos no se presentó. Las bajas, según cálculos oficiales, representan un ahorro mensual estimado de 35.000 millones de pesos para el Estado.
Adorni justificó la revisión al señalar que durante las auditorías se detectaron casos insólitos: “En Tucumán, por ejemplo, se presentaron los mismos estudios médicos —como radiografías o ecocardiogramas— en múltiples solicitudes. En Chaco, se usó una misma radiografía de hombro como prueba en 150 expedientes distintos”, denunció.
Desde la ANDIS, organismo conducido por Diego Spagnuolo, estiman que el sistema presentaba una “actividad fraudulenta a gran escala”, con un desvío aproximado de mil millones de dólares anuales.
Adorni también hizo un repaso histórico del crecimiento en la cantidad de pensiones. Según indicó, durante los tres gobiernos kirchneristas (2003-2015), las Pensiones No Contributivas por Discapacidad pasaron de 79.000 a 1.045.000. Esa cifra se redujo a 1.026.000 durante el mandato de Mauricio Macri (2015-2019), pero volvió a crecer hasta alcanzar 1.222.000 beneficiarios en diciembre de 2023, al finalizar la gestión de Alberto Fernández.
Para ilustrar la magnitud, Adorni comparó la situación con la de otros países: “En Israel, un país en permanente conflicto bélico, el 3,5% de la población activa recibe pensiones por discapacidad. En Argentina, ese porcentaje asciende al 4,6%, sin que el país haya atravesado guerras ni catástrofes naturales. Solo 20 años de gobiernos kirchneristas”, enfatizó.
Las auditorías —realizadas por personal médico del PAMI y agentes de la ANDIS— se enfocan en las pensiones otorgadas bajo la Ley 13.478 y el Decreto 432/97. La revisión excluye a menores de edad y a quienes ya fueron auditados en 2024. En muchos casos, las pensiones suspendidas podrían derivar en bajas definitivas si no se regulariza la situación.
Desde el Gobierno defendieron la medida como un paso necesario para redireccionar los recursos hacia quienes realmente los necesitan. “Queremos garantizar que las personas con discapacidad y sus familias accedan a una asistencia adecuada y justa”, señalaron desde la ANDIS.
El contexto político de la decisión no pasó desapercibido. Adorni criticó con dureza la postura del Congreso tras el rechazo del veto presidencial: “El Congreso esta semana defendió un sistema corrupto, que desvió fondos públicos en beneficio de los amigos de la política”, disparó.
Y concluyó: “No es casualidad. Muchos de los que hoy ocupan bancas fueron parte del armado de este sistema fraudulento”.
Finalmente, el Gobierno advirtió que la nueva ley impulsada por el Congreso, que crea la “Pensión No Contributiva por Discapacidad para la Protección Social”, implicará un gasto adicional de más de $2,1 billones en 2025 (0,26% del PBI) y más de $4,5 billones en 2026 (0,47% del PBI). Esa estimación no contempla el eventual aumento de beneficiarios en el Programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica a titulares de pensiones no contributivas.
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