La política sanjuanina atraviesa un momento delicado. Dos intendentes del Partido Justicialista —Matías Espejo en Jáchal y José Castro en Angaco— están bajo la mira de la Justicia penal, en causas que exponen presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
En ambos casos, las denuncias no provienen de la oposición provincial sino de actores institucionales y, en el caso de Castro, incluso de una fiscal que avanzó de oficio. El mensaje es claro: la Justicia comenzó a mover piezas que durante años parecieron congeladas.
Jáchal: denuncias graves contra Matías Espejo
En Jáchal, el intendente Matías Espejo fue denunciado el 20 de febrero de 2026 por los concejales Gema Casas y Felipe Tañez. La acusación no es menor: se lo señala por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado, malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, falsedad ideológica y encubrimiento.
El eje del escándalo es la contratación de un servicio de seguridad para la Fiesta Nacional de la Tradición. Según informes oficiales de la Policía de San Juan, las personas que prestaron servicios no pertenecían a ninguna empresa habilitada en la provincia.
Durante el evento, 20 personas fueron infraccionadas por actuar sin autorización legal, lo que derivó en expedientes contravencionales. A pesar de los pedidos formales de informes por parte de los concejales, no hubo respuestas claras ni documentación pública exhibida, lo que encendió aún más las alarmas.
La denuncia fue recibida por la Justicia y ahora deberá investigarse si hubo contratación irregular y posible desvío de fondos públicos.
Angaco: José Castro y el intento de frenar el juicio
En Angaco, el escenario es todavía más complejo. El intendente José Castro arrastra una causa desde 2019 por presunta malversación de fondos públicos y uso indebido de maquinaria municipal en beneficio propio.
Cuando el juicio finalmente tenía fecha de inicio, Castro intentó evitar el debate mediante un acuerdo de “reparación” por 5 millones de pesos destinados a Cáritas, avalado por tres concejales oficialistas.
Sin embargo, la fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi no solo anticipó que rechazaría el acuerdo, sino que además denunció penalmente al intendente y a los ediles que lo aprobaron. Para la fiscal, la maniobra fue “institucionalmente grave” y podría configurar un intento de arrogarse facultades que corresponden exclusivamente al Ministerio Público y al Poder Judicial.
Ahora, además del juicio original, Castro enfrenta una nueva investigación penal por incumplimiento de deberes y posibles delitos conexos.
¿Cambio de época en la Justicia?
Lo que hasta hace poco parecía improbable —intendentes en funciones enfrentando causas penales activas— hoy es una realidad. Tanto Espejo como Castro deberán responder ante la Justicia por acusaciones que comprometen la administración de fondos públicos.
El interrogante que queda flotando es si estos procesos marcarán un verdadero cambio institucional o si quedarán en meros gestos simbólicos.
Por ahora, la señal es contundente: dos intendentes peronistas están a un paso del banquillo, y la Justicia ya no mira para otro lado.