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El Gobierno de San Juan decidió avanzar con la judicialización de las deudas que distintas obras sociales mantienen con el Ministerio de Salud, en una medida inédita dentro del sistema sanitario provincial. El objetivo es recuperar cerca de 800 millones de pesos, correspondientes a prestaciones médicas brindadas desde 2024 a pacientes con cobertura que fueron atendidos en hospitales públicos.
El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, confirmó a Canal 13 San Juan que la Fiscalía de Estado ya tomó intervención para iniciar los procesos judiciales de ejecución de deuda contra las entidades que no regularizaron sus pagos.
Las cifras reflejan la magnitud del problema. Durante 2025, la atención de afiliados a obras sociales dentro del sistema público generó un gasto cercano a 16.000 millones de pesos. Sin embargo, el recupero económico fue mucho menor: solo se lograron cobrar 2.200 millones, lo que representa apenas el 13,75% de los costos operativos.
Nuevo esquema de cobro a las obras sociales
La situación comenzó a modificarse a partir de 2024, cuando se produjo un cambio en la política nacional y el Estado nacional dejó de actuar como intermediario entre las obras sociales y los hospitales públicos.
A partir de entonces, cada provincia debió negociar directamente con las prestadoras de salud para establecer los valores de las prestaciones médicas.
En el caso de San Juan, se aprobó una ley que creó el Registro Provincial de Agentes de Servicios de Salud, lo que permitió facturar formalmente las atenciones médicas realizadas en hospitales públicos.
Este sistema incluye a los principales centros de alta complejidad, como el Hospital Rawson y el Hospital Marcial Quiroga, además de los centros de salud departamentales.
Embargos y bloqueos de cuentas para quienes no paguen
El esquema comenzó a implementarse plenamente hacia finales de 2024, cuando se aprobó un nuevo nomenclador de prestaciones médicas que establece los valores de cada práctica realizada en el sistema público.
Desde el Ministerio de Salud advirtieron que las obras sociales que no regularicen sus deudas mediante convenios o planes de pago podrían enfrentar medidas judiciales, entre ellas embargos preventivos o el bloqueo de cuentas bancarias.
No obstante, el ministro Dobladez indicó que algunas entidades ya iniciaron conversaciones con la cartera sanitaria para acordar planes de pago.
Prestaciones más caras que en el sector privado
Un aspecto relevante del nuevo esquema es que las prestaciones médicas en hospitales públicos tienen un costo aproximadamente 30% mayor que en clínicas privadas.
Aunque las obras sociales pueden firmar convenios para reducir esos valores, el costo final continuará siendo superior al del sistema privado.
Desde el Gobierno provincial explicaron que esta política apunta a ordenar el sistema de salud y reducir la presión sobre los hospitales públicos, garantizando que las personas sin cobertura médica tengan prioridad en la atención.
En cuanto al destino de los fondos recuperados, la normativa vigente establece que el 75% del dinero se destinará al hospital que realizó la prestación, mientras que el 25% restante quedará para el Ministerio de Salud con el fin de fortalecer la gestión del sistema sanitario.
Aumentó 60% la demanda en centros de salud
El ministro Dobladez también alertó sobre un fuerte incremento en la demanda del sistema público de salud. Según indicó, actualmente se registra un aumento del 60% en las consultas en centros de salud respecto a 2023.
Para afrontar esta situación, el Ministerio trabaja en la provisión de medicamentos, insumos y equipamiento, aunque el funcionario destacó el rol del personal sanitario.
“Hoy tenemos un aumento de la demanda del 60% en los centros de salud respecto a 2023”, afirmó.
Además, subrayó que el mayor esfuerzo recae en los trabajadores del sistema.
“El que está en la trinchera es el personal de salud, que es quien sostiene este aumento de la demanda”, sostuvo.
Finalmente, Dobladez expresó preocupación por posibles conflictos gremiales, ya que podrían afectar la atención médica programada.
“Hay mucha gente que tiene cirugías o estudios programados y cualquier medida de fuerza genera angustia en la población”, concluyó.
