La Obra Social Provincia desmintió al Colegio Médico en un comunicado de prensa

Tras la decisión del Colegio Médico de cerrar el sanatorio CIMYN, la Obra Social Provincia emitió un fuerte comunicado desmintiendo ser la causa de la crisis.

En respuesta a las graves acusaciones formuladas por autoridades del Colegio Médico de San Juan, quienes adjudicaron el cierre del sanatorio CIMYN a la Obra Social Provincia (DOS), esta última publicó un comunicado contundente en el que rechaza toda responsabilidad y expone detalles económicos y administrativos del vínculo entre ambas instituciones.

Desde la DOS afirmaron que no existe un convenio de asistencia, sino únicamente un acuerdo por prestaciones, lo que deslinda a la obra social de cualquier obligación financiera directa sobre la gestión del centro de salud. Además, recordaron que el Colegio Médico posee un financiador propio, COLMED, que debería asumir la responsabilidad por la crisis institucional que enfrenta CIMYN.

La obra social detalló que ha colaborado con adelantos de facturación y aseguró que en las últimas 48 horas se realizaron pagos suficientes para cubrir salarios, hecho que habría sido confirmado por el propio Colegio Médico. Además, aclararon que el 90 % de las prestaciones de parto de sus afiliados se realizan en otros centros por elección de los propios pacientes, y no en CIMYN.

En cuanto a los valores prestacionales, destacaron que en los últimos 16 meses se han hecho esfuerzos para actualizar montos largamente postergados, logrando que actualmente sean “de los más altos entre las obras sociales provinciales del país”, según datos del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA).

Sobre una presunta deuda millonaria por medicamentos, la DOS explicó que se trata de un reclamo judicializado que corresponde a la gestión anterior y a una gerenciadora que ya no presta servicios ni cuenta con auditoría válida.

En el cierre del comunicado, la Obra Social Provincia reiteró su compromiso con los prestadores y con sus afiliados, pero marcó un límite claro: “no puede responsabilizarse por la administración de cada institución privada.”

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