El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de San Juan avanza con su plan de recupero de unidades habitacionales y resolvió revocar ocho nuevas adjudicaciones tras constatar graves incumplimientos en las condiciones de uso y ocupación por parte de los beneficiarios. La medida quedó oficializada mediante diversas resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de la provincia.
La quita de los beneficios abarca distintas figuras legales de entrega, incluyendo adjudicaciones en venta, comodatos, asistencias financieras, autorizaciones para habitar y actas de tenencia precaria. Según detalló el organismo, las ocho casas dadas de baja están ubicadas en los siguientes complejos y departamentos:
Albardón: Conjunto 1.
Caucete: Área III Sector I.
Otros complejos habitacionales: Barrios Ceramista II, SUTIAGYF, Amecom 4, Virgen del Socorro, Lozano y 7 de Septiembre IV.
Fuerte auditoría y alta morosidad en el IPV
Estas nuevas revocaciones forman parte de un exhaustivo proceso de control y auditoría sobre el padrón habitacional sanjuanino. Actualmente, los equipos técnicos del IPV investigan más de 400 denuncias por presuntas anomalías, mientras que cerca de 90 expedientes ya cuentan con dictamen de revocación en primera instancia. A este panorama se suma una preocupante tasa de morosidad en el pago de las cuotas mensuales, que trepa hasta el 60% del padrón.
Motivos de la quita y pasos a seguir
De acuerdo con lo estipulado por la Ley Provincial 196-A, existen causales estrictas por las cuales un adjudicatario puede perder su vivienda social:
Falta de residencia efectiva o abandono de la propiedad.
Alquiler, venta o cesión del inmueble a terceros sin aval oficial.
Acumulación de tres o más cuotas consecutivas impagas.
Uso comercial o distinto al fin familiar para el cual fue entregada.
Falseamiento de datos en la declaración jurada al iniciar el trámite.
Desde el organismo aclararon que la publicación en el Boletín Oficial no supone el desalojo inmediato. A partir de la notificación formal, cada titular dispone de un plazo de 10 días hábiles para presentar un descargo o apelar la resolución. Una vez que la medida quede firme en la vía administrativa y el Estado recupere la posesión física, las viviendas serán relevadas y reparadas para ser incluidas nuevamente en próximos sorteos públicos.
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