Acueducto Gran Tulum: la Justicia analiza pruebas y aún no define si hubo delito

Por el momento, no hay un plazo definido para el cierre de la causa ni precisiones sobre posibles delitos, montos o responsabilidades.

La investigación judicial sobre el Acueducto Gran Tulum continúa en desarrollo y, por el momento, no hay definiciones sobre la existencia de un delito. Desde la UFI de Delitos Especiales, el fiscal Sebastián Gómez confirmó que el expediente avanza con la incorporación y análisis de nueva documentación.

En ese marco, en las últimas horas se sumó un pendrive enviado por el Ministerio de Infraestructura, el cual contiene información que ahora está siendo revisada por los investigadores. “Estamos frente a una gran cantidad de material que requiere un análisis minucioso”, explicó el fiscal, quien además indicó que aún no pueden confirmar si allí se encuentra toda la documentación mencionada por el Gobierno.

La causa se encuentra en una fase preliminar, pero con un enfoque amplio: se busca examinar la obra desde su inicio para detectar posibles irregularidades en su ejecución. Por ahora, no hay personas imputadas ni llamados a declaración, ya que la prioridad es determinar si existió o no un hecho ilícito.

“Primero debemos establecer si hay delito. Después veremos quiénes podrían estar involucrados”, señaló Gómez, dejando abierta la posibilidad de futuras medidas judiciales, como la citación de exfuncionarios o personal vinculado al proyecto.

El expediente se inició tras una denuncia del abogado Marcelo Arancibia y desde entonces se han realizado diversos pedidos de informes. Sin embargo, la Fiscalía reconoció que todavía no cuenta con toda la documentación necesaria, por lo que se espera que en los próximos días continúe llegando material.

En relación a los informes técnicos que tomaron estado público, especialmente aquellos que cuestionan la calidad de los materiales utilizados —como la posible inadecuación de los caños para agua potable—, el fiscal fue cauto. “Para confirmar eso necesitamos pericias técnicas oficiales”, sostuvo.

También indicó que, si bien los organismos han respondido a los requerimientos judiciales, en algunos casos se registraron demoras debido al volumen de información, que se incorpora en formato digital al expediente.

Por el momento, la causa no tiene plazos definidos ni precisiones sobre eventuales responsabilidades o montos involucrados. “Nada se descarta”, reiteró Gómez, en una investigación que pone bajo análisis una de las obras más importantes de San Juan durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac.

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