Escándalo: los caños del Acueducto Gran Tulum son para cloacas y no para agua potable

Un informe técnico solicitado por OSSE determinó que los caños del Acueducto Gran Tulum no son aptas para transportar agua potable. El caso ya es investigado por la Justicia.

Un informe técnico encendió alarmas en San Juan al revelar que los caños utilizaos en el Acueducto Gran Tulum no serían aptos para el transporte de agua potable, sino que estarían diseñadas para sistemas cloacales y desagües. El estudio fue realizado por la consultora Interacción, con certificación de la firma internacional Bureau Veritas, y concluye que los caños instalados “aplican para desagües pluviales y cloacales”, además de advertir que estarían fabricados con insumos no aptos para el consumo humano, con potencial riesgo tóxico.

El informe fue solicitado por OSSE y será incorporado como prueba en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal.

El Acueducto Gran Tulum fue concebido como una obra estratégica para abastecer de agua potable a una población en crecimiento en la provincia. El proyecto se financió con un crédito internacional de aproximadamente 100 millones de dólares, que ya comenzó a ser abonado.

Las cañerías fueron adjudicadas a la empresa Krah, en dos licitaciones realizadas entre 2015 y 2017, con un costo total que supera los 1.300 millones de pesos.

Sin embargo, ya desde el proceso licitatorio existieron advertencias sobre el carácter experimental de las tuberías y sobre inconsistencias en la propuesta técnica y económica.

La situación derivó en una denuncia penal presentada en diciembre de 2025, en la que se solicitó investigar posibles irregularidades en la licitación, la calidad de los materiales y el manejo de los fondos públicos.

Actualmente, la causa es investigada por los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, quienes ya cuentan con más de 100 cajas de documentación aportadas por OSSE, además de pericias e inspecciones realizadas en distintos tramos del acueducto.

No se descartan nuevas medidas judiciales, como pedidos de informes a empresas privadas e incluso allanamientos.

El informe técnico abre un escenario complejo: si se confirma que las tuberías no son aptas, podrían tener que ser retiradas, lo que implicaría un fuerte impacto económico y la paralización de la obra.

En ese sentido, OSSE ya solicitó una nueva evaluación al INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) para corroborar los resultados.

De confirmarse las conclusiones, la provincia enfrentaría el desafío de reemplazar las cañerías sin contar con financiamiento adicional, mientras continúa pagando el crédito internacional.

Con información de Tiempo de San Juan

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