La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) presentó una demanda contra Alfredo Daroni, exsecretario Administrativo Financiero de la Facultad de Ingeniería, para reclamar el reintegro del dinero que la institución pagó como indemnización tras la muerte del estudiante Fernando Reinoso, ocurrida en 2010.
El monto reclamado supera los 10 millones de pesos e incluye el capital abonado a la familia del joven y los intereses acumulados. Reinoso, estudiante de Ingeniería Agronómica, murió electrocutado dentro de la Facultad de Ingeniería mientras trabajaba en su proyecto final de graduación.
Daroni fue el único condenado en la causa penal que investigó el hecho. La Justicia lo encontró responsable y le impuso una pena de tres años de prisión condicional, sentencia que quedó firme tras la revisión de la Cámara Federal de Casación Penal.
Fuentes cercanas al expediente señalaron que, antes de iniciar la demanda, la universidad intentó resolver el conflicto mediante una negociación extrajudicial. Sin embargo, al no lograr un acuerdo, avanzó con una acción judicial de repetición, una herramienta legal utilizada para reclamar a un funcionario el dinero que el Estado debió afrontar por su responsabilidad en un hecho.
El caso provocó una fuerte repercusión dentro del ámbito universitario y derivó en investigaciones sobre el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería. Durante el proceso también fueron investigadas otras autoridades de la época, entre ellas Oscar Nasisi, quien era decano de Ingeniería al momento de la tragedia y años después se desempeñó como rector de la UNSJ. Finalmente, Nasisi fue absuelto.
La demanda civil iniciada por la familia de Fernando Reinoso contra la universidad había comenzado en 2011 y terminó en 2020 con el pago total de 10.335.116 pesos por parte de la institución educativa.
Según trascendió, Daroni presentó un pedido administrativo para reducir la suma exigida, aunque la solicitud fue rechazada. Posteriormente, la UNSJ envió una carta documento reclamando el reintegro del dinero, pero no obtuvo respuesta.
La condena judicial sostuvo que el exfuncionario conocía las deficiencias eléctricas del edificio donde ocurrió la tragedia y que no impulsó medidas para solucionar el riesgo existente. El fallo remarcó además la falta de inversión y mantenimiento en el tablero eléctrico del sector donde se produjo la descarga que causó la muerte del estudiante.