Una jubilada sanjuanina deberá reintegrar al Estado provincial más de $4,2 millones tras una resolución judicial que confirmó que percibió haberes de manera indebida durante casi nueve años. El caso se originó por un error administrativo que permitió que continuara recibiendo depósitos estatales después de haber dejado su cargo para jubilarse.
La protagonista del expediente es Esmeralda Victoria, quien se desempeñaba en el Ministerio de Salud Pública y se retiró de la actividad en noviembre de 2013. Sin embargo, pese a haber accedido al beneficio jubilatorio, los depósitos continuaron acreditándose en la misma cuenta bancaria donde anteriormente percibía su sueldo como empleada pública.
El Estado detectó la irregularidad casi nueve años después
La situación permaneció sin ser advertida hasta diciembre de 2022, cuando organismos provinciales detectaron que la exagente seguía cobrando sumas que no le correspondían. A partir de ese momento se iniciaron gestiones para recuperar el dinero.
Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo por la vía administrativa, la Fiscalía de Estado presentó una demanda judicial para exigir la devolución de los fondos.
La defensa alegó desconocimiento
Durante el proceso, la jubilada manifestó que nunca consideró que esos depósitos fueran erróneos. Según explicó, entendía que podían corresponder a diferencias salariales pendientes, vinculadas a reclamos de recategorización realizados antes de dejar la administración pública, o a beneficios relacionados con programas de reparación histórica.
Además, aseguró que mantuvo una postura de diálogo y que estaba dispuesta a encontrar una solución, aunque finalmente no se logró un acuerdo entre las partes.
La Cámara confirmó la sentencia
El caso fue resuelto en primera instancia por el juez Walter Otiñano, quien dio la razón a la Fiscalía al considerar que existió un enriquecimiento sin causa, es decir, la percepción de dinero sin un fundamento legal válido.
La defensa apeló la decisión argumentando que la responsabilidad recaía sobre el propio Estado por haber mantenido los pagos durante años. También planteó objeciones vinculadas al ejercicio del derecho de defensa.
Sin embargo, la Sala I de la Cámara Civil confirmó íntegramente la resolución. Los magistrados señalaron que el error cometido por la administración pública no exime a quien recibió el dinero de la obligación de devolverlo.
Más de $4,2 millones más intereses
Con el fallo de segunda instancia, quedó firme la obligación de restituir $4.209.270, suma a la que deberán agregarse los intereses que se generen hasta el momento del pago efectivo.
De esta manera, la Justicia ratificó que los fondos percibidos sin respaldo legal deben ser reintegrados al Estado, aun cuando el origen de los pagos haya sido una equivocación administrativa.