Un joven fue detenido este jueves en Santa Lucía en el marco de una investigación por una estafa millonaria que habría afectado a una empresa de combustibles y a varias empresas de transporte de San Juan.
El operativo se realizó en una vivienda de Villa Don Arturo y estuvo a cargo de efectivos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. El sospechoso fue identificado como Ángel Emanuel Acosta, quien se desempeñaba como encargado y cobrador en una estación de servicio de la firma AXION ENERGY, ubicada en 9 de Julio y perteneciente a MAXFA S.A.
Tras su detención, el joven quedó alojado en la Comisaría 5ta, a disposición de la Justicia. La causa es investigada por el fiscal Eduardo Gallastegui, con intervención de la jueza de garantías Gloria Chicón.
Investigación y maniobras bajo la lupa
De acuerdo a la investigación, las irregularidades habrían comenzado en septiembre de 2025, cuando Acosta asumió funciones vinculadas a la gestión de grandes clientes. Desde ese rol, se encargaba de cobrar el suministro de combustible, lo que le habría permitido llevar adelante las maniobras.
El caso salió a la luz luego de que un cliente fuera intimado por una deuda elevada, pese a que aseguraba haber pagado la totalidad del servicio. Incluso presentó comprobantes de pago, lo que encendió las alarmas dentro de la empresa.
Uno de los hechos más graves denunciados corresponde a un empresario del transporte que afirmó haber sufrido un perjuicio superior a los 85 millones de pesos.
Auditoría y desorden financiero
Ante esta situación, la firma inició una auditoría interna, detectando irregularidades contables. Según la denuncia, el acusado habría cobrado combustible a valores menores a los oficiales y no habría rendido esos ingresos.
También se investiga la aplicación de un sistema de “pagos cruzados”, mediante el cual utilizaba dinero de distintos clientes para cubrir otras cuentas, generando un desfasaje financiero significativo.
El fraude superaría los $200 millones
Con el avance de la causa, el monto del perjuicio fue creciendo: de una estimación inicial de más de $70 millones, actualmente se calcula que la estafa podría superar los $200 millones.
Fuentes del caso señalaron que el propio acusado habría admitido parcialmente las maniobras, justificando su accionar en la intención de incrementar las ventas mediante precios más bajos. Sin embargo, tras su renuncia en marzo, se detectaron faltantes de dinero, cheques sin rendir y documentación inconsistente.
La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales para determinar la magnitud total del fraude.