El Gobierno definió que a partir de mayo las tarifas de luz y gas tendrán un aumento promedio cercano al 2,5%. Esta decisión se suma a la postergación de la suba prevista en el impuesto a los combustibles, lo que permitió a YPF anunciar este martes una baja del 4% en sus precios a partir de este jueves 1 de mayo.
Se trata de dos medidas clave adoptadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de aliviar la presión inflacionaria luego de dos meses consecutivos de aceleración en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. En la misma línea, se resolvió mantener sin cambios los boletos de colectivos de jurisdicción nacional y los pasajes de trenes del AMBA.
En el caso de los servicios públicos de electricidad y gas natural, la Secretaría de Energía concluyó la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) con las empresas de transporte y distribución. De este proceso surgirán los niveles tarifarios para los próximos cinco años, así como los compromisos de inversión de las compañías para ese mismo período.
El Gobierno había habilitado el año pasado fuertes incrementos en las tarifas, a partir de una mayor remuneración de las empresas, compensando parte del congelamiento de precios impulsado durante la gestión de Alberto Fernández, y recortando subsidios. La premisa actual es aplicar los aumentos pendientes de manera “cuotificada”, procurando que no representen un impacto “significativo” en los usuarios. Algo similar se prevé para la reorganización del esquema de subsidios prevista, para acelerar el ajuste, y consignada en el acuerdo con el FMI.
En concreto, las facturas de luz y gas aumentarán en torno al 2,5% promedio en mayo. De la RQT también surgirá un esquema de ajustes mensuales, cuyo porcentaje de actualización será definido por una fórmula que combina la inflación mayorista y minorista relevada por el Indec, aunque todavía no está claro cuándo comenzará a regir. Los detalles se publicarán en las próximas horas en el Boletín Oficial mediante distintas resoluciones.
Las facturas de energía están compuestas por cuatro ítems: el precio de la luz o el gas, el transporte, la distribución y los impuestos (nacionales, provinciales y municipales). Las subvenciones estatales se canalizan a través de una bonificación sobre el costo de la energía que los usuarios abonan en sus boletas.
Además, el Gobierno resolvió volver a postergar en mayo la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que, según estimaciones de la consultora Economía y Energía, implica un costo fiscal mensual superior a los USD 200 millones. “La decisión se tomó en línea con la baja del 4% en el precio de las naftas anunciada por YPF”, explicaron en la Secretaría de Energía, que encabeza María Tettamanti.
“Esta medida busca sostener la estabilidad de precios en un contexto de desaceleración inflacionaria y consolidación macroeconómica, priorizando el alivio para los consumidores sin afectar la competitividad del sector energético”, indicaron en el Gobierno. Cabe recordar que las subas del ICL y el IDC tienen un traslado inmediato a los precios de los combustibles en los surtidores.
