El Instituto Provincial de la Vivienda comenzó este año a analizar las viviendas que se encuentran deshabitadas o con usos diferentes a los otorgados y es por eso que saltó el primer caso de la quita de una casa por no seguir esta obligación.
La casa, que pertenece a un barrio de La Bebida, se encontraba deteriorada, ya que al parecer no había sido habitada nunca, algunas partes estaban destrozadas y otras destruidas e inservibles.
Ante esta situación, el IPV decidió quitarle la casa al adjudicatario, que se desconoce su nombre, y además se le prohibirá inscribirse nuevamente en cualquier tipo de beneficios de viviendas que desarrolle el estado.
El gran problema que se le puede venir a un total de 40 personas que están siendo investigadas por el órgano estatal y que podrían terminar con este tipo de decisiones similares si los encuentran culpables.
El IPV salió a realizar una “caza de brujas” a los que no se amolden a la ley ya que hay 75.000 personas que esperan una casa y sienten que es una falta de respeto a esas personas que las viviendas no este habitadas.
