Especialistas de distintas provincias advirtieron que si bien en los últimos años hubo un descenso en la cantidad de embarazos adolescentes, la irrupción de la pandemia de coronavirus generó alerta por los casos de abuso intrafamiliar y complicó la actuación de las campañas preventivas, por lo que insistieron en reclamar la aplicación en todo el país de los protocolos para abortos en caso de violación y la educación sexual integral en las escuelas.
En esta Semana de la Prevención del Embarazo no Planificado en la Adolescencia, en la que organizaciones civiles renovaron la campaña #PuedoDecidir, Unicef señaló que en Argentina hay “10 partos por hora de adolescentes” y apuntó que pese a que bajaron los casos entre “chicas de 15 a 19 años, la cifra entre la población de 10 a 14 continúa estable” y se produjeron, en su mayoría, “durante una relación sexual sin protección anticonceptiva o por imposición”.
Como ejemplo de esa situación, Beatriz Cravero, licenciada en ciencias sociales e integrante de la Colectiva de Mujeres Lesbianas y Trans y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, aseguró que “de 4 niños que nacen en Formosa, uno tiene una mamá adolescente”.
Formosa, añadió, “es una de las provincias con mayor cantidad de embarazo adolescente y precoz, que es de las niñas menores de 15 años”.
“El embarazo adolescente y el precoz aumentan en las condiciones de mayor vulnerabilidad, menor acceso a la educación y bajo nivel socioeconómico. Es decir mayor pobreza, mayor embarazo adolescente”, dijo a Télam.
Por esto, acotó, “pedimos al gobierno provincial que adhiera a programas como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), al Protocolo ILE y que realmente se aplique la ESI”.
En Salta, la abogada Mónica Menini, articulante de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal e integrante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, dijo a Télam que la mayor preocupación allí “es la cantidad de embarazos no intencionales en niñas de entre 10 y 14 años, cuyos embarazos son producto de violación”.
Este panorama se intensificó en este contexto de “pandemia, cuando sabemos que el abuso es mayormente intrafamiliar”, explicó Menini y agregó que esto se suma a “la obstaculización institucional al acceso a la interrupción del embarazo en esos casos, que es legal en Argentina y para lo que tenemos un protocolo en Salta que no se aplica”.
“Las únicas consecuencias de la obstaculización institucional las sufren las niñas. Sencillamente un horror”, concluyó la abogada feminista.
La jefa de Supervisión de Salud Adolescente provincial, Ileana Fernández, consideró que en “la prevención de los embarazos no intencionales es importante construir estrategias intersectoriales”, con la articulación de áreas como Salud, Educación y el sistema de protección de derechos.
Fernández dijo a Télam que se retomará el trabajo con Unicef sobre “la ruta del embarazo adolescente, que va a implicar, en primera instancia, la capacitación de los equipos de salud, para que no seamos nosotros quienes naturalicemos los embarazos en la adolescencia”.
“En este contexto de pandemia a veces estamos atados de pies y manos, porque los equipos de salud están bastante desbordados y sabemos que están haciendo lo que pueden, pero aun así hay varios comprometidos con la población adolescente y trabajamos para que sean más”, acotó.
En Córdoba, Marysel Segovia de la ONG Servicio Habitacional y de Acción Social (Sehas), que participa del Colectivo Cordobés por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, consideró fundamental la difusión que “hay una ley que garantiza la interrupción del embarazo legalmente para aquellas mujeres que fueron abusadas”.
Segovia dijo a Télam que “no hay información para las pibas. En Córdoba no está garantizada para nada la educación sexual en las escuelas”.
En Mendoza, la jefa del programa de Salud Sexual y Reproductiva provincial, Miriam Ferreyra, indicó a Télam que “desde el 2015 ha habido una reducción progresiva del embarazo adolescente en la provincia” con programas de acceso a la educación sexual integral y métodos anticonceptivos, entre otros.
Ferreyra subrayó que “el embarazo no intencional en los adolescentes tiene un impacto que es a largo plazo” y mencionó que “hay una pérdida en las oportunidades en la vida del adolescente”.
Y, destacó que “la educación sexual integral que ayuda a los adolescentes a adquirir habilidades personales para tomar decisiones sobre su vida sexual” y señaló que durante la pandemia “han intentado por todos los medios que los adolescentes y todas las mujeres tengan acceso a la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva y a métodos anticonceptivos”.
En San Luis, la pediatra Temis Lorda quien integra el subprograma de maternidad e infancias del Ministerio de Salud local, señaló que un cambio de paradigma en el tratamiento de los embarazos no deseados en menores de edad que busca en la razón del proceso, “una vulneración de derechos”, es uno de los puntos de inflexión que le permitió a la provincia “poder acompañar, sin tutelar” esos casos y lograr que se ubique entre las de menor tasa de natalidad adolescente del país (20,2 – 45,9).
Loda, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, admitió que “es un camino lento” y apuntó que “si logramos entender que las niñeces tienen derecho, todo va a mejorar, aún cuando no estemos de acuerdo con esas decisiones”.
En Jujuy, “en los últimos 5 años la tendencia es que viene disminuyendo el número de embarazos en general y el de adolescentes en particular”, así como “el de menores de 15, que es un grupo muy particular, porque el 85% de esos embarazos no son planificados y la gran mayoría son producto de abuso”, dijo a Télam el director de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud provincial, Antonio Buljubasich.
El funcionario afirmó que ello se debe a que “hay políticas destinadas a prevenir el embarazo adolescente, donde se busca que las mujeres tengan un mayor acceso a la salud y que tengan posibilidad de acceder a métodos de planificación familiar y para planificar su embarazo”.
En Chubut, el subsecretario de Programas de Salud del Ministerio de Salud, Fernando Bosch Estrada, aseguró que “el embarazo adolescente hay que abordarlo junto con otras instituciones” porque “son situaciones que, en general, vienen acompañadas de un cuadro de vulnerabilidad y la más evidente es el abuso de niñas y adolescentes”.
Laura Pizzi, coordinadora de programas de salud, reclamó “trabajar coordinando actividades con la Justicia y con el Ministerio de Gobierno para empoderar a las adolescentes como sujetos de derecho”.
En los últimos días, se desarrollaron las jornadas virtuales de la Semana Internacional de la Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia con participación de jóvenes para “escuchar su voz y aporten su mirada”, dijo la directora de Maternidad, Infancia y Adolescencia del Chubut, la médica pediatra Débora Cristina Flores Sahagún.
En Neuquén, según el Sistema Informático Perinatal (SIP)/Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP) el embarazo en adolescentes llega al 14,3% y el 67,3% de ellos no es planificado.
En Santiago del Estero, según las estadísticas vitales nacionales de diciembre del 2019 “el 17,83% de los nacimientos es en adolescentes de 10 a 19 años”, dijo a Télam la delegada de Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-juvenil y de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, María del Carmen Tinari.
Tras señalar que “entre 2015 y 2018 hubo un descenso en las tasas de fecundidad adolescente tardía”, dijo que “en la provincia entregaron anticonceptivos en todos los centros de salud y se brinda asistencia a todas las embarazadas” a pesar de la pandemia.
“El embarazo adolescente es un problema de salud pública”, reflexionó y remarcó que “los indicadores socioeconómicos tienen mucho que ver”.
Fuente: Telefe Noticias