La Corte de Justicia de Salta revocó una sentencia y confirmó la desadjudicación de una vivienda social del Instituto Provincial de Vivienda. En una sentencia de primera instancia se había declarado la nulidad de las resoluciones del IPV que dejaron sin efecto la adjudicación de la vivienda ubicada en el barrio Mirasoles.
Los jueces de la Corte de Justicia apuntaron que en el acta de tenencia, la cláusula primera establece que la vivienda debe ser ocupada dentro de los treinta días siguientes. Y en la cláusula cuarta se establece que por el término de cinco años, el tenedor del inmueble se obliga a destinar el mismo al uso de los titulares y su grupo familiar.
En el caso las inspecciones de habitabilidad confirmaron la infracción de la adjudicataria, lo cual incluso fue admitido en el trámite.
La adjudicataria argumentó con cláusulas constitucionales y tratados internacionales que resguardan los derechos de los niños y de las niñas, entre ellos el derecho a la vivienda. Sin embargo, quedó acreditado en el proceso que los menores no habitaban el inmueble en cuestión.
EN SAN JUAN:
Daniel Gimeno, el subintervenor del IPV dialogó en exclusiva con Diario Móvil y sostuvo: “Las irregularidades en el IPV por situaciones poco claras se siguen detectando. Se han recorrido 2000 viviendas del Gran San juan y el 30% presenta irregularidades”.
Lo que se detectó va desde cuotas adeudadas hasta casas con otros propietarios.
“De esto surge la necesidad de aumentar el personal del equipo, actualmente conformado por 20 personas. Está planeado también adquirir una movilidad e ir a los departamentos alejados. Esto surge desde que se comenzó a insistir para que la gente escriture las viviendas. Cuando se inició este trabajo salieron a la luz estas situaciones de irregularidad”, sostuvo Gimeno.
Antes de fin de año se realizará un nuevo sorteo y los controles van a continuar, según indicaron desde el IPV.
Fuente: Diario Móvil