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Judiciales

El desesperado pedido de la denunciante de Alperovich a los jueces para activar la causa

El juez Pedicone ordenó que Alperovich sea investigado tanto en la Justicia tucumana como en los tribunales porteños.

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SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- La sobrina del exgobernador y senador nacional José Alperovich, que lo denunció por violación, reclamó públicamente “que se enciendan los motores” de la Justicia para que la causa comience a avanzar.

La joven, que tiene 29 años, habló este miércoles por primera vez desde el 22 de noviembre pasado, día en que denunció penalmente al exmandatario peronista en la Justicia tucumana y en los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta que los abusos (siete, en total) habrían ocurrido en ambas jurisdicciones.

La denunciante se refirió a la audiencia pública realizada ayer en la Cámara de Apelaciones en lo Penal, donde el juez Enrique Pedicone ordenó que Alperovich sea investigado tanto en la Justicia tucumana como en los tribunales porteños, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva dónde quedará unificado el expediente.

“Quise estar presente en este acto, ante la dura exposición que sufrí el día anterior por la publicación sin consentimiento en los medios de comunicación del expediente de mi denuncia”, explicó la supuesta víctima, quien escuchó el desarrollo de la audiencia desde una sala contigua, para preservar su identidad. En cambio, Alperovich decidió no presentarse en la sede judicial, donde estuvo representado por sus abogados.

La sobrina segunda y excolaboradora del actual senador en uso de licencia pidió a los medios “un tratamiento respetuoso” de los hechos. Y agregó: “Yo respeto, por eso me pareció importante estar presente a pesar del estrés y la exposición que todo esto me genera. Ya no me impacta la dimensión que esto ha tomado, antes la cargaba sola”, agregó la mujer.

Desde que la sobrina de Alperovich realizó la denuncia, la causa estuvo empantanada en una disputa jurisdiccional, debido a que tanto el juez de Buenos Aires Osvaldo Rappa como su par de Tucumán Facundo Maggio se declararon incompetentes para atender el caso.

La denunciante sostuvo que “es fundamental que se enciendan los motores de ambos juzgados para activar la investigación, en Buenos Aires y en Tucumán, según corresponda”.

Además, dijo que la decisión adoptada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Tucumán la hace sentir “algo segura ante la asimetría que existe” entre ella y el exgobernador Alperovich.

El juez Pedicone ordenó ayer que los hechos denunciados por la víctima en Tucumán sean investigados por la Justicia de esta provincia y que los que habrían ocurrido en Buenos Aires sean indagados en los tribunales porteños. El magistrado remitió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el expediente para que defina sobre la competencia de ambas jurisdicciones y determine la posibilidad de unificar la causa. Además, ordenó que el juez tucumano Facundo Maggio, quien se había declarado incompetente, retome la investigación contra Alperovich en un plazo de 72 horas.

El abogado de la denunciante, Ricardo Santoro, evaluó como “positivo” el resultado de la audiencia oral y pública. “Hemos venido a buscar una decisión superadora por parte del doctor Pedicone y obtuvimos muchas respuestas. El juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal escuchó lo que planteamos en la audiencia y así lo resolvió”, expresó.

Además, el letrado dijo que confían en la independencia de la Justicia, tanto en Tucumán como en la Ciudad de Buenos Aires. “Por eso realizamos la denuncia en las dos sedes penales, por hechos distintos, y claramente es posible investigar en ambas jurisdicciones”, planteó.

Por último, Santoro indicó que “la denunciante está dispuesta a presentarse ante la Justicia todas las veces que así lo requieran”.

Fuente: La Nación

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Polémica por presos que fueron autorizados a usar celular y tablets en la cárcel

La medida se aprobó en Casación Bonaerense para paliar la imposibilidad de recibir visitas en los establecimientos carcelarios.

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El coronavirus está causando estragos en diversas partes del mundo y en distintos ámbitos de la vida cotidiana, incluso en el día a día de los internos de las cárceles.

Por ejemplo, teniendo en cuenta la cuarentena impuesta por el gobierno en la República Argentina, los presos no tienen la posibilidad de recibir visitas.

Contemplando esta realidad se comenzó a analizar la posibilidad de que los reclusos puedan tener acceso a teléfonos celulares para comunicarse con su entorno.

Y, finalmente, este lunes, Casación Bonaerense terminó fallando a favor de la propuesta, por lo que los presos recibirán una muy buena noticia en breve.

«A efectos de evitar someter a las personas privadas de la libertad en la Provincia de Buenos Aires a una situación de ostracismo», indica el comunicado oficial.

Cabe destacar que la medida, por el momento, solamente se aplicará a los centros de detención que tienen lugar en la provincia de Buenos Aires.

Los ciudadanos no quedaron muy conformes con la medida, por la que aún se sigue debatiendo en las redes.

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Utilizarán 2 millones de dolares de los bolso de Lopez para hospitales

Son 1.275.700 pesos y casi dos millones de dólares que autorizó el Tribunal Oral Federal 1, que el año pasado condenó al ex funcionario por enriquecimiento ilícito.

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El Hospital de Niños Juan P. Garrahan usará parte de los nueve millones de dólares con los que el ex funcionario José López fue detenido en junio de 2016 para comprar insumos contra la pandemia del coronavirus. Serán 1.275.700 pesos y 1.988.139 dólares destinados a elementos específicos.

Fuentes judiciales informaron que el Tribunal Oral Federal 1, que tiene a su cargo el decomiso del dinero, le preguntó al hospital si por el virus necesitaba insumos especiales para afrontar la emergencia sanitaria. La respuesta fue sí y los jueces José Michilini, Ricardo Basílico y Adrián Grünberg autorizaron el uso del dinero para la compra de materiales.

“Conociendo las carencias concretas e inminentes del Hospital Garrahan, vale reiterar que la afectación del dinero decomisado a una institución dedicada a la atención médica de niños y niñas cumple eficazmente con uno de los objetivos establecidos en la Acordada 2/2018 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto establece que los bienes pasibles de decomiso deben tener un destino de utilidad pública; más aún si consideramos el contexto actual de emergencia sanitaria y hospitalaria declarada en nuestro país”, explicaron los magistrados en su resolución.

López fue condenado en junio del año pasado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito por los bolsos con 8.982.047 de dólares, 153.010 euros y 159.114 pesos con los que fue detenido en 2016 en un convento de General Rodríguez. Junto con la pena de cárcel, el TOF 1 decomisó el dinero y dispuso que los hospitales de niños Garrahan y Ricardo Gutiérrez sean los beneficiarios en partes iguales para “asistencia médica, insumos, aparatología e investigación”.

Cada entidad le hace saber al tribunal cuáles son sus necesidades y los jueces aprueban la compra y autorizan el uso del dinero. Ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, los magistrados les preguntaron a las autoridades de ambos hospitales si requerían insumos específicos para afrontar la pandemia. El Garrahan contestó que sí y aportó un listado. El Gutiérrez también respondió que necesita insumos y pidió unos días para hacer llegar el requerimiento.

Por la emergencia por el coronavirus, el Garrahan pidió un ecocardiógrafo 4D de última generación, dos video-electroencefalogramas, barbijos quirúrgicos triple capa, antiparras protectoras, entre otros elementos de un listado de 21 “necesidades-insumos”, tal como describió. El hospital también pasó un presupuesto, que es el del monto del dinero que autorizó el tribunal.


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Al surfer inconsciente le dictaron un embargo por $500.000

El juez le ordenó al intendente de Pinamar, Martín Yeza, que le provea alimentos y medicamentos, que serán costeados con el dinero del embargo.

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El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, se declaró hoy incompetente en la causa del surfer de 27 años que volvió de Brasil y ayer fue detenido en Ostende por violar el aislamiento obligatorio, y giró todas las actuaciones al magistrado original del caso, su colega de San Isidro Lino Mirabelli, quien analizaba indagar al imputado al término de la cuarentena, informaron fuentes judiciales.

Ramos Padilla sólo intervino ayer por una cuestión de jurisdicción, ya que Ostende, en el partido de Pinamar, es ámbito de su juzgado, y porque tuvo que evacuar la consulta policial cuando los vecinos llamaron al 911 para delatar el paradero de Federico Llamas (27).

Pero como la causa original se inició el martes en el control de la autopista Panamericana, en San Isidro, fue Mirabelli quien intervino en ese episodio y ayer ordenó la captura de Llamas cuando se constató que había abandonado el domicilio del barrio porteño de Flores, hasta donde había sido escoltado para forzarlo a cumplir cuarentena.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que ahora Mirabelli espera que le lleguen a su juzgado todas las actuaciones realizadas en Ostende y, a partir de ello, definirá cuándo indagará a Llamas por la infracción de los artículos 205 y 239 del Código Penal, es decir, por incumplimiento de normas tendientes a evitar la propagación de epidemias y por desobediencia.

“Por lo general el criterio es no correr riesgos con un traslado, esperar a que el imputado termine la cuarentena y después se lo indagará”, indicó a Télam una fuente judicial.

Ayer, antes de declararse incompetente, Ramos Padilla ordenó el aislamiento de Llamas y el de sus familiares, lo embargó en sus bienes en 500 mil pesos a fin de cubrir las eventuales costas del proceso, le ordenó al intendente de Pinamar, Martín Yeza, que les provea alimentos y medicamentos –que serán costeados con el dinero del embargo-, y le secuestró la camioneta Ford Explorer.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, calificó ayer al joven surfer como un “idiota”, y aseguró que “esos personajes van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina la desaprensión para con el otro”.

Toda la polémica en torno al surfer se inició el martes por la tarde cuando fue demorado en la Panamericana, a la altura de Martínez, porque circulaba en una camioneta con tablas de surf en el techo.

El joven le explicó a los efectivos de la Prefectura Naval que se había ido de vacaciones a Brasil el 8 de marzo y que había cruzado al país manejando por la ciudad correntina de Paso de los Libres.

Durante el control, Llamas mantuvo un cruce de palabras con los prefectos y los periodistas que realizaban la cobertura.

Tras la consulta con el juzgado, se decidió escoltarlo hasta el domicilio que figuraba en su DNI, en el pasaje Fabre al 1100 de Flores, para que allí realizara cuarentena obligatoria, pero según quedó registrado en un video de una cámara de seguridad, ni bien los móviles de la Prefectura se alejaron, Llamas arrancó la camioneta y se fue del sitio donde le habían ordenado pasar el aislamiento.

Tras verificar que no estaba en ese domicilio, el juez federal Mirabelli ordenó ayer su captura y dispuso una serie de allanamientos, entre ellos la casa de su padre, en la localidad bonaerense Canning, donde no fue encontrado.

Finalmente, comenzaron a viralizarse imágenes filmadas con teléfonos celulares de vecinos de Ostende y periodistas de Pinamar, que mostraban que el surfer se hallaba en una vivienda de su madre, en la calle Romero al 400 de esa localidad balnearia, donde lo ubicó la policía bonaerense y le notificó que quedaba bajo arresto domiciliario.

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