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Judiciales

Vuelven a sus cargos los médicos separados y los que fueron detenidos

Mientras tanto, siguen adelante un sumario investigativo y las actuaciones de la justicia por el caso de la medica infectada.

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La ministra de Salud, Alejandra Venerando, confirmó que los médicos que habían sido separados de sus respectivos cargos y posteriormente restituídos por el gobernador Sergio Uñac, volverán a trabajar la próxima semana.

En cuanto a los jefes del nosocomio capitalino de Terapia Intensiva de Adultos, Carlos Lezcano, y de Infectología, Sandra Ferrari retornarán a su cargos.

Siguiendo esta misma línea, la jefa de Infectología del hospital rivadaviense, Rosa Contreras, y el coordinador de vuelos sanitarios, Javier Porras, retomarán sus funciones la próxima semana. Estos ultimos fueron detenidos pero puesto en libertad mientras a la par se le iniciarán un sumario investigativo además al de la justicia.

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Judiciales

Una joven abusada por su padre cuando tenia 11 y 13 años pide justicia

Selena denunció que junto a su hermana, sufrieron abusos por parte de su padre. Ahora reclama que la justicia avance en la causa, que comenzó hace un año.

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Selena tiene 19 años y  junto a su hermana se animó a denunciar en Telefe Noticias Bahía Blanca a su padre por abusos sexuales reiterados en perjuicio de las dos, cuando tenían 11 y 13 años.

La damnificada, cuyos datos filiatorios quedan a resguardo reclama que la justicia no ha avanzado en la presentación judicial que realizó hace más de un año, y mientras tanto el presunto violador continúa en libertad.

“Yo el año pasado hice una denuncia en contra de mi papá porque él me violó a los 11 años. Yo lo que ahora estoy buscando es justicia porque mi hermana, hace cinco años, lo denunció por lo mismo y hace dos días ella intentó suicidarse”, dijo Selena.

La joven víctima contó que recién el año pasado pudo juntar el valor para expresar la dramática vivencia en el seno familiar, mientras que la otra joven fue alojada en un hogar de abrigo por intervención de la escuela donde asistía.

“Lo único que hicieron fue tomarnos declaración el año pasado y gracias a que yo hice la denuncia. A mi hermana nunca la habían citado. Hace cinco años que no hacen nada y no quiero a ella le pase algo”, exclamó.

Selena contó que con su padre la relación “era todo maltrato” y su madre no podía defenderlas porque “es una persona alcohólica”.

“Por eso a mi hermana la tuvieron que llevar a un hogar y yo, como todavía no había hablado en ese momento, seguía viviendo con mi papá y con mi abuela. Cuando hice la denuncia fue el momento en el que tuve que irme de mi casa y ya no tengo un lugar fijo donde estar”, argumentó.

La joven aclaró que nunca recibieron apoyo de ninguna organización, y reveló que por el momento permanece alojada en la casa de su novio.

“Yo quiero a que a mi papá lo metan preso. Nosotras tenemos un hermano más y no queremos que lo siga viendo. No hacen nada, él sigue trabajando y me da miedo”, reclamó con indignación.

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Judiciales

Cerró en forma preventiva el Juzgado de Paz de 9 de Julio

Es para evitar la propagación de la pandemia desatada por el Covid-19.

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A través de un comunicado de prensa informaron el cierre en forma preventiva del Juzgado de Paz de 9 de Julio.

Esto se debe a que varios funcionarios de dicha institución han tenido contacto con familiares del cuarto caso confirmado con Coronavirus en la Provincia.

El comunicado completo

Ante la posibilidad de que familiares directos del cuarto caso positivo de Coronavirus COVID-19 hayan mantenido contacto con el personal judicial del Juzgado de Paz Letrado del departamento 9 de Julio, la Corte de Justicia decidió este lunes 18 de mayo en horas de la tarde-noche cerrar preventivamente el mencionado juzgado.

La suspensión preventiva permitirá que el personal judicial no concurra a cumplir funciones laborales; también se cuidará la salud del justiciable y la de los abogados litigantes.

El cierre preventivo del Juzgado de Paz de 9 de Julio implica la suspensión de los términos para todas las causas que allí se tramitan.

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Revocaron las prisiones domiciliarias ¿Vuelven al penal?

La Suprema Corte de Justicia bonaerense revocó hoy el hábeas corpus colectivo que permitió las prisiones domiciliarias de los presos en el marco de la pandemia por el coronavirus

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Así lo consignaron fuentes judiciales a la agencia de noticias Télam, quienes precisaron que el fallo del máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires fue dictado por unanimidad, con la firma de los ministros Daniel Fernando Soria, Luis Esteban Genoud, Eduardo Julio Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Eduardo Néstor de Lázzari.

La decisión -que hizo lugar parcialmente al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, Carlos Altuve- determina que “son los órganos judiciales competentes los que deben revisar y evaluar las peticiones deducidas por los procesados o condenados a su disposición mediante un juicio debidamente motivado, considerando los derechos de las víctimas y en función de una serie de directrices orientadoras relativas a los grupos de mayor riesgo ante el Covid-19”.

Entre las pautas que, de acuerdo al fallo, deben ser tenidas en cuenta la Suprema Corte bonaerense destacó: los bienes jurídicos afectados, las condiciones personales del procesado o condenado, el grado de intervención asignada al procesado o condenado por el delito, y las modalidades de la comisión del delito (forma en que se afectó el bien jurídico, medios empleados y las particulares relaciones con las víctimas).

También, el fallo del máximo tribunal indicó que debe ser tenido en cuenta a la hora de analizar la concesión o no del beneficio de prisión domiciliaria por la pandemia de coronavirus, el nivel de organización delictual en que ha sido perpetrado el delito, la pena en expectativa o la ya establecida, el examen del nivel de avance del proceso y de los riesgos procesales, la situación de la víctima al momento de la decisión y, entre otros aspectos.

El fallo del máximo tribunal bonaerense puso el acento en la necesidad de evaluar la relación con el domicilio constatado del procesado o condenado reclamante, y la consideración de la existencia de lugares especialmente destinados por el sistema carcelario para alojar personas en riesgo sanitario agravado.

En sus fundamentos, el Tribunal añadió que el análisis de cada causa “debe efectuarse sin descuidar el enfoque sobre la situación de la víctima, en especial, su vulnerabilidad, por ejemplo, en casos de violencia familiar o de género o agresión sexual”.

Estableció, a su vez, que debe asignarse prioridad “al trámite de las peticiones articuladas a fin de dirimirlas con la mayor celeridad posible y con participación de las partes interesadas”, y reafirmó los supuestos abarcados en el fallo de Casación deben reconducirse para su resolución por parte de cada órgano judicial competente.

La Corte afirmó que “la mera remisión a la clasificación de delitos leves y graves empleada para otorgar medidas alternativas carece de base legal”, y agregó que lo resuelto “debe ser revisado porque persigue algo inmediato y masivo que interfiere contra el necesario actuar de los jueces competentes”.

Se puntualizó que el órgano de casación “desoyó” la directiva de la Corte dispuesta en su Resolución N° 52 del 25 de marzo pasado “en cuanto estableció que es atribución de los jueces competentes evaluar y discernir con arreglo al orden jurídico vigente la adopción de medidas alternativas o morigeradoras respecto de personas privadas de su libertad seriamente amenazadas por la situación pandémica”.

La Corte también definió que las medidas que habiendo sido impugnadas fueron concedidas sin observar el art. 163 del Código Procesal Penal –es decir aquellas ejecutadas antes que el trámite del beneficio hubiera quedado firme- “deberán ser evaluadas con celeridad por el órgano judicial competente, bajo las mismas pautas señaladas para la ponderación de solicitudes aún pendientes de ejecución”.

En paralelo, en la sentencia de la Corte se recordó la vigencia de la prohibición de alojamiento en seccionales policiales de personas enfermas, menores de edad y mujeres embarazadas y/o con hijos o hijas menores de 5 años.

Además, exhortó a la Legislatura provincial a abordar en un plazo razonable el examen y decisión sobre las adecuaciones que estime corresponder a la legislación provincial, en materia procesal y de ejecución penal, a fin de hacer efectiva la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.

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