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Policiales

Policías mataron a ladrón en una persecución

Intentó huir de la policía, muriendo tras recibir múltiples impactos.

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El Departamento de Policía de Phoenix difundió un video de Informe de Incidentes Críticos relacionado con un tiroteo con oficiales involucrados, hecho ocurrido el pasado 23 de diciembre de 2019.

Los videos del incidente armado, se liberaron recién a la opinión pública, para no entorpecer la investigación.

El incidente ocurrió a las 11:00 de la mañana, dos días antes de Navidad, en un estacionamiento del centro comercial cerca de 76 Ave y Thomas. Oficiales de policía de Maryvale / Estrella Mountain Precinct respondieron a múltiples llamadas de un tiroteo.

La primera persona que llamó fue una mujer que le dijo a los operadores que un hombre de unos treinta años intentó llevar su automóvil a punta de pistola. Dijo que mientras se alejaba, el hombre le disparó dos veces.

Poco después de este incidente, una segunda mujer denunció que un hombre, luego identificado como Richard Ruiz, de 38 años, se acercó a su camioneta roja. Dijo que Ruiz la amenazó a punta de pistola, así que abrió la puerta del lado del conductor y salió corriendo de su camioneta. Ruiz saltó al asiento del conductor, conduciendo lentamente por el estacionamiento. La víctima de robo de auto temió que fuera tras ella, comenzó a gritar y se acercó a un hombre que entraba al centro comercial cercano.

Ruiz continuó buscando a la mujer en el estacionamiento mientras se escondía entre los autos. El hombre corrió hacia el negocio para buscar ayuda para la mujer. Cuando estaba entrando en el negocio, las cámaras de vigilancia de la tienda muestran a Ruiz conduciendo hacia la entrada, disparando su arma y golpeando al hombre mientras dos mujeres estaban a solo unos metros de distancia.

En este punto, Ruiz se alejó y, segundos después, aparecieron los primeros policías. El hombre víctima de disparos pudo apuntar a los oficiales en dirección a Ruiz. Los oficiales siguieron a Ruiz, quien rodeó el estacionamiento. Aproximadamente 60 segundos después de dispararle al hombre por primera vez, Ruiz giró en círculos frente a la tienda e intentó apuntarle nuevamente, mientras la víctima herida se escondía detrás de un pilar de concreto para protegerse.

Después de esta segunda confrontación con la víctima, Ruiz se fue nuevamente y esos mismos primeros oficiales atendieron a las víctimas de disparos y robo de auto. Para la seguridad de las víctimas, fueron colocadas en el vehículo patrulla y llevadas a un centro médico cercano para recibir ayuda.

Las lesiones físicas no fueron mortales. Mientras las víctimas recibían asistencia médica, otros oficiales continuaron persiguiendo al sospechoso a través del estacionamiento.

Durante la persecución, un oficial utilizó su vehículo patrulla, embistiendo la camioneta con la esperanza de inutilizar al vehículo. Desafortunadamente, el vehículo no se vio afectado y Ruiz continuó conduciendo.

Ruiz finalmente se detuvo justo al sur del negocio y salió por la puerta del conductor armado con una pistola. Dos oficiales dispararon sus armas y golpearon a Ruiz. Los oficiales se acercaron a Ruiz y apartaron el arma que portaba.

Los oficiales comenzaron las tareas para reanimar a Ruiz mientras esperaban al personal de bomberos y estos al llegar declararon a Ruiz muerto en la escena.

Los oficiales determinaron que hubo tres víctimas durante este incidente. Dos tenían heridas de bala, incluido el hombre visto en el video de vigilancia de la tienda y la mujer que inicialmente llamó al 911. Sus heridas no eran mortales. La tercera víctima fue la mujer adulta amenazada a punta de pistola mientras el sospechoso tomó la camioneta roja. Ella no resultó herida físicamente. Los oficiales involucrados son de Maryvale / Estrella Mountain Precinct. El primer oficial tiene 29 años con 3 años de servicio y su compañero tiene 40 años con 17 años de servicio. Los videos de la investigación corresponden a las imágenes grabadas por las cámaras de los oficiales involucrados y a la cámara de seguridad del centro comercial.

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Es camionero, llegó de Buenos Aires y no hizo la cuarentena: lo detuvo la policía

El hombre se dirigía a un kiosco a comprar cuando fue detenido por un control vehicular.

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Un hecho casi indignamente sucedió en Rawson, alrededor de las 00 hs de este martes, cuando personal de la división Motorizada N° 2 que se encontraba realizando un control vehicular en inmediaciones de calle Gobernador Castro y Vicentina , abocadas especialmente a cumplir con las medidas vinculadas al aislamiento social preventivo tuvieron que aprehender a un sujeto que no realizo las medias de aislamiento tras llegar de un viaje.

La policía detuvo en el operativo a un auto, dentro de el habitáculo se encontraba Ybañez quien le manifestó a los uniformados que se dirigía al kiosco a comprar una gaseosa y que trabajaba de camionero habiendo arribado el dia lunes proveniente de de Bahia Blanca, en provincia de Buenos Aires, l oque disparó la alerta de los efectivos.


Tras constatar mediante documentos que realmente el sujeto decía la verdad y que la obligación de realizar aislamiento de cuarentena, no lo hizo, le notificaron sobre la infracción y lo llevaron detenido a la Comisaria 6° para luego ser juzgado a través del sistema de Flagrancia.

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Policiales

Un albañil falleció tras agonizar 13 días

El hombre había caído de un primer piso.

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Según fuentes policiales, el pasado 17 de marzo Javier Alejandro Cortéz (55) estaba trabajando en el Barrio UDAP II, Rivadavia, cuando, por motivos que aún se investigan, cayó de cabeza desde un primer piso.

Por las heridas que presentaba, el hombre fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson donde se decidió su internación.

El personal médico no pudo salvarlo y, durante el día de ayer, falleció.

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Policiales

Una madre “entregaba” a sus hijas para que un hombre las viole por $100

El padre de las menores también está imputado.

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Crédito: Clarín

Durante dos años, en un barrio humilde del sudeste de la ciudad de Salta, en una situación de extrema pobreza, una madre entregó a sus dos hijas de 7 y 10 años a un vecino, un almacenero jubilado de 68 años, para que las viole a cambio de un monto que iba de los $40 a los $100, según el acto sexual que el abusador deseara, de acuerdo a las acusaciones en su contra elevadas por la Justicia provincial. Las violaciones fueron descubiertas cuando A.L, la hija mayor, le contó a su abuela lo que ella y su hermana atravesaban, lo que provocó que la abuela se acercara a una comisaría de la Policía salteña y denunciara a su propia hija.

La madre y el violador fueron elevados a juicio, con un expediente a cargo de la fiscal Cecilia Flores Toranzo. En los últimos días, según pudo saber Infobae, la fiscal agravó las imputaciones contra los acusados. Descubrieron algo peor: la mujer no solo prostituía a sus hijas: también lo hacía con dos amiguitas de las nenas.

“Se formaron dos causas, una para las hijas de la acusada y otra para las dos vecinas. Seguramente se haga un solo juicio para ambas. Lo que dijeron las cuatro nenas en sus declaraciones en circuito cerrado de televisión fue más que contundente. No pudieron especificar la cantidad de veces que sucedió pero creemos que fueron varias”, cuenta una fuente con acceso al expediente.

Los detalles del expediente se mantienen con absoluto recelo por investigadores y policías: no ha trascendido el nombre del violador o la madre, ni siquiera el nombre del barrio donde ocurrieron los hechos. El riesgo de un linchamiento a inocentes es obvio. Sin embargo, en la elevación a juicio, que se realizó a principios de enero de este año, se mencionan algunos detalles que ayudan a entender la perversidad de la situación. La madre de las nenas tiene 27 años y pasaba gran parte del día pautando la suma de dinero por la cuál iba a entregar a sus hijas para ser obligadas a realizar distintos actos sexuales. Los montos variaban dependiendo lo que el violador eligiera del menú que le ofrecían. Cada cosa tenía su precio. Existía una especie de tarifario; los montos que se abonaban nunca superaban los $100.

El acusado residía en el mismo barrio y es padre de varios hijos, aunque cuando sucedieron los hechos vivía solo. Según la investigación de la fiscal Flores Toranzo, tiene una estrecha vinculación con la madre de las víctimas, ya que ella había trabajado durante meses en la despensa que el hombre tiene en la parte delantera de su casa. Se cree que gracias a ese vínculo es que luego se llegó a consumarse las transacciones de dinero a cambio de las violaciones. Además, los dos eran amantes.

Tanto el acusado de 68 años como la madre de las nenas fueron detenidos apenas inició la causa a finales del año 2018 en un operativo de la policía de Salta coordinado por la propia fiscal. La acusación para ambos es grave: prevé una pena máxima de 15 años. Si bien son los únicos dos detenidos, hay una persona más que está imputada, aunque en libertad, alguien que conocía la situación pero no dijo ni hizo absolutamente nada: el padre de las menores.

“El papá está imputado sólo en la causa que atañe a sus nenas, no en la de las amigas porque no se pudo probar ni participación ni que estuviera en conocimiento a diferencia de su esposa. Con respecto a sus hijas, de las declaraciones de ellas mismas, surge que el padre sabía lo que sucedía. Lo que se le imputa en concreto es el haberse aprovechado de los beneficios económicos. Si bien técnicamente tiene la misma pena, el grado de participación es distinto y por eso llegara al juicio oral en su casa”, indican desde el Ministerio Público Fiscal salteño.

Algunos días después de las detenciones, tanto la madre de las nenas como el dueño de la despensa hablaron. En sus declaraciones indagatorias dieron versiones diferentes aunque la más llamativa es la del acusado. Ante la Justicia reconoció el vínculo con las nenas pero negó que existiera una violación. Lo que dijo fue barbarie pura: “Eso es verdad pero no hubo ningún abuso. Ellas querían”. Desde ya, el Código Penal no prevé consentimiento para nenas de 7 y 10 años como en este caso. Por su parte, la mamá de las menores fue confusa en su relato y no mejoró en nada su situación procesal además de negarse a responder preguntas.

En cuanto a las dos amigas, de edades similares a las de las hijas de la detenida, se cree que las cooptaban prometiéndoles golosinas u otros regalos para luego ser abusadas sexualmente por el vecino. Si bien en un principio se investigó a los padres de estas menores, se descartó que hayan participado del delito y sus testimonios fueron importantes para empezar a esclarecer el hecho.

Las reiteradas violaciones a las que eran sometidas todas las víctimas de acuerdo a la imputación de Flores Toranzo no fueron el único tormento que vivieron. Las declaraciones testimoniales coinciden en decir que además eran obligadas a ver cómo la mujer de 27 y el hombre de 68 tenían relaciones sexuales delante de ellas. Incluso había un montó prefijado para que las nenas estuvieran presentes durante el acto sexual. Por esto es que se sumó la figura penal de corrupción de menores agravado por la edad de las víctimas a las imputaciones que ya contenían delitos gravísimos como abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con promoción y facilitación a la prostitución de menores agravado por ser las victimas menores de 18 años.

Si bien la causa esta elevada a juicio desde enero de este año, todavía no hay una fecha para el debate oral. “Se espera que la defensa oficial haga planteos. Lamentablemente el tema del coronavirus seguramente retrase todo por lo que creemos que el juicio será recién el año que viene”, asegura una fuente cercana al caso.

La pobreza y la marginalidad en la cual está sumergido el barrio donde sucedió todo esto no es un detalle menor y funciona como denominador común en casi todos los casos donde la prostitución infantil es promovida por los propios padres de las víctimas, que se repitieron durante los últimos años. En 2018, Infobae sacaba a la luz la historia de Ramona Perla y Julian Agripino, oriundos de Paraguay, que fueron detenidos en la Villa Azul, en el límite entre Wilde y Bernal por haber entregado a su hija de 15 años para que la violara Juan Bautista Rótela Domínguez, el dueño de la casilla en la que vivían en concepto de pago de alquiler.

Sin embargo, el caso más paradigmático en cuanto a explotación sexual infantil sucedió en la ciudad de Rafaela, Santa Fe. En este caso no se trataba solo de un padre o una madre que prostituían a sus hijas sino de una familia entera con los pies en el barro del oscuro negocio del sexo con menores. Un clan. Los ojos de los investigadores de este tipo de delitos se abren bien grandes cuando se les menciona el apellido Landriel, con uno de sus hijos, Daniel y su padre Abelardo acusados de llevar a nenas a hoteles de Flores y Constitución.

Fuente: Infobae

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