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Política

Avanza el proyecto de las “Capitales Alternas” de la Argentina

El Presidente envió el proyecto al Congreso. De aprobarse, Caucete será Capital Alterna del país.

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Crédito: Infocaucete

El presidente Alberto Fernández envió el proyecto de ley al Congreso para declarar durante los próximos cuatro años “capitales alternas” a 24 ciudades con el objetivo de “profundizar la implementación de políticas de descentralización y federalización, acercar la gestión y los asuntos de gobierno a todo el territorio nacional”. La iniciativa se sumó al temario que se tratará en sesiones extraordinarias.

En el listado, al que obtuvo acceso este medio, aparecen La Matanza (Buenos Aires), Río Cuarto (Córdoba), Tinogasta (Catamarca), Goya (Corrientes), Formosa, Chilecito (La Rioja), Bariloche (Rio Negro), Guaymallén (Mendoza), Orán (Salta), Rosario (Santa Fe) y Caucete (San Juan), entre otras.

La conformación del denominado “gabinete federal”, una promesa de campaña del Presidente que se vio postergada por las urgencias que encontró el jefe del Estado en los primeros 45 días de gestión, consiste en la realización cada 30 días de reuniones de gabinete en distintos puntos del país. La convocatoria, según el proyecto de ley, quedará a cargo del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la coordinación y el plan de trabajo que resulte del encuentro estará liderado por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.

El artículo 6 establece, además, la federalización de la gestión nacional, a partir de la descentralización de organismos del Estado nacional e, incluso, la radicación definitiva de dependencias del gobierno nacional en el interior “con el fin de acercar la gestión y los asuntos de gobierno a todo el país conforme a las potencialidades o problemáticas de las diversas regiones que lo componen”.

La decisión final para el traslado de algún organismo será del Presidente, quien se comprometió a visitar todas las capitales alternas en un plazo de dos años. A su vez, Fernández no viajará con todo el gabinete, sino con no más de 10 que tengan temas para tratar en esos distritos. Asimismo, también podría incluir a secretarios y funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de las organizaciones de la sociedad civil.

La aprobación de la norma marcará un cambio radical para la forma en la que construye y distribuye el poder, es que será la primera vez que el jefe del Estado reúna a tantos ministros a la vez.

El Gobierno busca también con este programa reforzar el vínculo con los gobernadores. En las primeras semanas en la Casa de Gobierno, Fernández, Cafiero y De Pedro recibieron a los 24 mandatarios provinciales.

“De acuerdo con el principio fundamental del federalismo todas las provincias deben hallarse en igualdad de condiciones. Sin embargo, una de las características de nuestro país es, justamente la existencia de importantes desigualdades entre sus regiones. Dichas asimetrías territoriales deben ser objeto de políticas públicas que busquen su superación”, argumentó el Presidente en la iniciativa.

Y agregó: “La articulación de las funciones entre la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las ciudades y municipios de la Argentina debe buscar garantizar la igualdad en los niveles de prestación de servicios públicos, equipamientos e infraestructuras. Al mismo tiempo, se debe procurar acercar el Gobierno a las realidades de las diversas jurisdicciones, así como también, impactar positivamente en las economías regionales”.

El proyecto, que en la Casa Rosada descuentan tendrán el respaldo de la oposición, se inspiró en uno que impulsó hace 20 años el exgobernador cordobés José Manuel de la Sota. Al igual que ese año, la ciudad elegida en Córdoba es Río Cuarto, que se transformó en la primera ciudad en ser calificada como capital alterna.

Durante la presentación del proyecto, en septiembre último, el Presidente explicó que “crear en cada provincia una capital alterna obliga al gobierno nacional a trasladarse una vez por mes ahí, y escuchar ‘in situ’ los problemas”. Y remató: “Una cosa es ver estadísticas y otra es ver y escuchar a la gente, porque uno puede entender verdaderamente la dimensión del conflicto”.

Las Capitales Alternas

  • La Matanza (provincia de Buenos Aires)
  • General Pueyrredón (Mar del Plata, provincia de Buenos Aires)
  • Tinogasta (Catamarca)
  • Presidencia Roque Saénz Peña (Chaco)
  • Comodoro Rivadavia (Chubut)
  • Río Cuarto (Córdoba)
  • Goya (Corrientes)
  • Concordia (Entre Ríos)
  • Formosa (Formosa)
  • San Pedro de Jujuy (Jujuy)
  • General Pico (La Pampa)
  • Chilecito (La Rioja)
  • Guaymallén (Mendoza)
  • Oberá (Misiones)
  • Cutral-Có (Neuquén)
  • San Carlos de Bariloche (Río Negro)
  • San Ramón de la Nueva Orán (Salta)
  • Caucete (San Juan)
  • San Luis (San Luis)
  • Caleta Olivia (Santa Cruz)
  • Rosario (Santa Fe)
  • La Banda (Santiago del Estero)
  • Río Grande (Tierra del Fuego)
  • Monteros (Tucumán)

Fuente: La Nación

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Política

Llegaron a un acuerdo entre gremios docentes y el Gobierno

El salario mínimo será de 23.000 pesos. Además, se pagará una suma extraordinaria de 4.840 pesos, que se abonará en cuatro cuotas de 1.210 pesos en abril, mayo, junio y julio.

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En el marco de la paritaria nacional, los cinco gremios docentes y el Gobierno acordaron esta tarde un salario inicial mínimo de $23 mil a partir de marzo y de $25 mil desde de julio próximo, mientras que además se abonará una suma extraordinaria de 4.840 pesos en cuatro cuotas de 1.210 pesos en abril, mayo, junio.

El acuerdo se selló tras un encuentro en el Palacio Pizzurno, sede de la cartera educativa, con la presencia de autoridades de los sindicatos CTERA, UDA, Sadop (privados), AMET (técnicos) y CEA, además de los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Trabajo, Claudio Moroni.

Si bien el normal inicio de las clases previsto para el próximo lunes no parecía peligrar, con este entendimiento quedó ratificado el comienzo del ciclo lectivo.

Este acuerdo implica un “piso” para la suba salarial de los docentes y a partir de ahora cada provincia podrá convocar formalmente a los gremios de cada distrito y acordar una actualización del sueldo superior a la establecida por la paritaria nacional.

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Política

¿Se cancelan las elecciones del PJ?

Durante la semana la Cámara Nacional Electoral decidirá si se realizan las elecciones del PJ local.

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Crédito: Clarín

Fuentes partidarias del PJ manifestaron que esperan que la Cámara Nacional Electoral resuelva esta semana el planteo del giojismo que tiene como objetivo frenar las internas. Es que el sector presentó varios reclamos en el Juzgado de Miguel Gálvez, los cuales fueron rechazados, por lo que los hermanos Gioja fueron a Nación para lograr su cometido.

La lista que encabeza Juan Carlos Gioja primero cuestionó la modificación del calendario electoral, los plazos estipulados y luego la designación de Carlos Lorenzo como presidente de la Junta Electoral. Esa movida fue rechazada por Gálvez, lo que provocó el enojo del exgobernador, quien insistió pero tuvo el mismo resultado. Sin dar el brazo a torcer, fueron a Nación, donde le dieron lugar al reclamo.

Fuente: Diario de Cuyo

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Política

Polémico proyecto del kirchnerismo para casos de corrupción

El proyecto busca limitar la investigación periodística en casos de corrupción.

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María Eugenia Catalfamo - Crédito: El Chorrillero

El kirchnerismo duro impulsa un controvertido proyecto de ley que limitaría la función periodística en las causas por corrupción. La iniciativa propone un “control de convencionalidad” para las prisiones preventivas que anula las detenciones cuando el acusado se sienta involucrado en una serie de supuestos, como la difusión en los medios de las acusaciones en su contra.

Las autoras de la iniciativa son cinco senadoras cercanas a la vice Cristina Kirchner: María Eugenia Catalfamo, Ana María Ianni, Nancy González, Ana Claudia Almirón y María Pilatti Vergara. Excepto la primera, las otras cuatro pertenecían al bloque K previo a la unificación de las bancadas con el PJ.

El proyecto determina que “será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva” de los acusados que no estén bajo control del cumplimiento de los estándares establecidos por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Plantea un plazo de 72 horas para que opinen el fiscal y las querellas, y otras 24 para resolver sobre la situación.

La primera cuestión de nulidad que propone el texto pasa por la afectación de parte de los medios a la percepción de inocencia de los acusados. “La publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”, indica.

En la práctica significaría que si un juez le dicta la prisión preventiva a un acusado en una causa por corrupción el detenido podría pedir su libertad, en el caso de que los medios hubiesen informado sobre ese expediente. Hasta el momento en la bancada del Frente de Todos no se habló del proyecto ni se tiene previsto tratarlo, consigna Clarín.

Otras de las causales por las que los detenidos por causas de corrupción podrían pedir la liberación es por la “deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido o de un arrepentido” y las sospechas sobre “deficiencias en el respeto a las garantías del juez natural por razones intromisión en la asignación de competencias, de designaciones o direccionamiento en los sorteos de jueces”.

Justamente las declaraciones de testigos arrepentidos fueron claves en causas como los cuadernos de las coimas, originada a partir de las anotaciones del exchofer de Roberto Baratta Oscar Centeno y de sus posteriores declaraciones ante la Justicia, en calidad de “arrepentido”. En esta megainvestigación por corrupción Cristina Kirchner está procesada como jefa de una asociación ilícita.

Otras causales del proyecto son la “intromisión de funcionarios del Poder Ejecutivo en el desarrollo de las actuaciones”. O cuando esos funcionarios “ejercieran conductas o dieran expresiones en público aptas para afectar la independencia de los jueces o la autonomía de los fiscales”.

También la “intromisión de representantes de corporaciones profesionales en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran actos o dieran expresiones aptas para afectar” esa independencia, lo que impediría, por ejemplo, las presentaciones de colegios de abogados. Además incluye la posibilidad de pedir la libertad por “la inobservancia de las normas procesales con fines de persecución política”.

Por otro lado niega la posibilidad de apelar los fallos que hagan lugar a las nulidades de las preventivas. En cambio si el juez rechaza el pedido del acusado esa medida sí podrá ser apelada, y deberá resolverse con la velocidad de un habeas corpus. Se trata del derecho que tiene un detenido para presentarse en un breve plazo ante un juez para comparecer y que determinen si su arresto fue o no legal, y si debe mantenerse o dejar sin efecto.

Crédito: TN

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