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Política

El duro documento que firmó Uñac contra Nación

mandatarios cuestionaron las medidas unilaterales tomadas por el Gobierno nacional que ponen a las provincias en una “grave situación de desfinanciamiento”.

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En la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, participó, junto a sus pares de 18 provincias no oficialistas y el ministro de Hacienda de Córdoba, en un encuentro en el que cuestionaron las recientes medidas implementadas por el Gobierno nacional que perjudican directamente a las provincias.

Como resultado de la reunión, los gobernadores firmaron un documento crítico con las iniciativas que el Gobierno tomó en forma “inconsulta y unilateral” para reflotar el consumo y cuya implementación impactaría negativamente en las arcas provinciales.

En el escrito, los mandatarios detallaron las consecuencias negativas de las medidas: “Estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la paz social en cada uno de los estados que representamos”.

Los gobernadores aclararon que no están en contra de cualquier iniciativa que apunte a paliar “la grave situación económica” que vive al país, aunque aseguraron que en este caso las provincias quedarían en una “grave situación de desfinanciamiento” ya que se verían privadas de recursos establecidos por ley.

En el cierre del documento, los mandatarios se mostraron abiertos al diálogo, aunque advirtieron que en caso de no encontrar eco a su postura recurrirán a la Justicia: “Nos veremos en la necesidad de buscar amparo judicial a nuestros derechos, ante el daño irreparable que no admite dilaciones, teniendo en cuenta el contexto actual”, señalaron.

Antes de ingresar al encuentro, el gobernador Uñac ya se había expresado en sintonía con la opinión de su pares: “Entendemos la delicada situación económica que vive el país pero nosotros defendemos los intereses de las provincias. No estamos buscando dar vuelta una decisión que ha sido unilateral e inconsulta, sino encontrar un camino de solución que no deje a las provincias desfinanciadas”.

El documento emitido por los gobernadores de provincias argentinas reunidos en el CFI

Ante los anuncios realizados por el Gobierno Nacional, después se las PASO, y en medio de un clima electoral, nos vemos en la obligación de expresar lo siguiente:

1. En primer lugar, dejamos bien en claro que no estamos en contra de ninguna medida del gobierno que tenga como objetivo paliar la grave situación económica que atraviesan le mayoría de los actores de nuestra sociedad, empezando por los trabajadores que vienen perdiendo el poder adquisitivo de sus ingresos… pero, las medidas que se han dado a conocer, realizadas en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontar las mismas, nos hace compartir estos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias argentinas, generando un despojo de nuestros recursos y los colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento.

En este estado de cosas, si bien no parece positivo, que el gobierno nacional decida aplicar paliativos para algunos sectores, lo que no puede hacer, es disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias, tanto por el presupuesto en ejecución, como por el pacto fiscal, en el que casualmente acordamos esfuerzos de renunciamiento para garantizar una previsibilidad, que hoy en forma arbitraria es vulnerado.

2. Estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la Paz Social en cada uno de los estados que representamos. Y ante todo eso, no podemos permitir, que se apropien de los recursos provinciales, por parte del Estado Nacional, sólo por el justificativo de intentar atemperar las consecuencias perjudiciales, precisamente de sus propias y malas políticas económicas y financieras, de las cuales los estados provinciales no tenemos ninguna responsabilidad… por el contrario hemos ido eficientes a la hora de cumplir con cada una de nuestras obligaciones y compromisos firmados.

3. Es a todas luces tan arbitraria y perjudicial, esta acción del Estado nacional, que al privarnos de los ingresos que por la ley en vigencia nos corresponden, nos pone al borde de una grave crisis, que puede pujar incluso a la toma de medidas de carácter excepcional o de emergencia, algo que sumaría más perjuicios a nuestro país, en medio de este complejo momento que estamos viviendo.

4. Expresamos enérgicamente, que vamos a defender los intereses de nuestros representados, si es que esta actitud errática y flagelante hacia nuestros derechos no se revierte.
Por lo tanto exigimos, se instrumenten las compensaciones financieras correspondientes para poder cumplir con el normal funcionamiento y la salvaguarda en la prestación de los servicios de seguridad, salud, educación y justicia que están a nuestro cargo.
Quedamos, como lo hemos demostrado siempre, abiertos al diálogo franco y responsable, dejando sentado que de no ser así, nos veremos en la necesidad de buscar amparo judicial a nuestros derechos, ante el daño irreparable que no admite dilaciones, teniendo en cuenta el contexto actual.

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Política

Llegaron a un acuerdo entre gremios docentes y el Gobierno

El salario mínimo será de 23.000 pesos. Además, se pagará una suma extraordinaria de 4.840 pesos, que se abonará en cuatro cuotas de 1.210 pesos en abril, mayo, junio y julio.

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En el marco de la paritaria nacional, los cinco gremios docentes y el Gobierno acordaron esta tarde un salario inicial mínimo de $23 mil a partir de marzo y de $25 mil desde de julio próximo, mientras que además se abonará una suma extraordinaria de 4.840 pesos en cuatro cuotas de 1.210 pesos en abril, mayo, junio.

El acuerdo se selló tras un encuentro en el Palacio Pizzurno, sede de la cartera educativa, con la presencia de autoridades de los sindicatos CTERA, UDA, Sadop (privados), AMET (técnicos) y CEA, además de los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Trabajo, Claudio Moroni.

Si bien el normal inicio de las clases previsto para el próximo lunes no parecía peligrar, con este entendimiento quedó ratificado el comienzo del ciclo lectivo.

Este acuerdo implica un “piso” para la suba salarial de los docentes y a partir de ahora cada provincia podrá convocar formalmente a los gremios de cada distrito y acordar una actualización del sueldo superior a la establecida por la paritaria nacional.

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Política

¿Se cancelan las elecciones del PJ?

Durante la semana la Cámara Nacional Electoral decidirá si se realizan las elecciones del PJ local.

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Crédito: Clarín

Fuentes partidarias del PJ manifestaron que esperan que la Cámara Nacional Electoral resuelva esta semana el planteo del giojismo que tiene como objetivo frenar las internas. Es que el sector presentó varios reclamos en el Juzgado de Miguel Gálvez, los cuales fueron rechazados, por lo que los hermanos Gioja fueron a Nación para lograr su cometido.

La lista que encabeza Juan Carlos Gioja primero cuestionó la modificación del calendario electoral, los plazos estipulados y luego la designación de Carlos Lorenzo como presidente de la Junta Electoral. Esa movida fue rechazada por Gálvez, lo que provocó el enojo del exgobernador, quien insistió pero tuvo el mismo resultado. Sin dar el brazo a torcer, fueron a Nación, donde le dieron lugar al reclamo.

Fuente: Diario de Cuyo

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Política

Polémico proyecto del kirchnerismo para casos de corrupción

El proyecto busca limitar la investigación periodística en casos de corrupción.

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María Eugenia Catalfamo - Crédito: El Chorrillero

El kirchnerismo duro impulsa un controvertido proyecto de ley que limitaría la función periodística en las causas por corrupción. La iniciativa propone un “control de convencionalidad” para las prisiones preventivas que anula las detenciones cuando el acusado se sienta involucrado en una serie de supuestos, como la difusión en los medios de las acusaciones en su contra.

Las autoras de la iniciativa son cinco senadoras cercanas a la vice Cristina Kirchner: María Eugenia Catalfamo, Ana María Ianni, Nancy González, Ana Claudia Almirón y María Pilatti Vergara. Excepto la primera, las otras cuatro pertenecían al bloque K previo a la unificación de las bancadas con el PJ.

El proyecto determina que “será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva” de los acusados que no estén bajo control del cumplimiento de los estándares establecidos por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Plantea un plazo de 72 horas para que opinen el fiscal y las querellas, y otras 24 para resolver sobre la situación.

La primera cuestión de nulidad que propone el texto pasa por la afectación de parte de los medios a la percepción de inocencia de los acusados. “La publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”, indica.

En la práctica significaría que si un juez le dicta la prisión preventiva a un acusado en una causa por corrupción el detenido podría pedir su libertad, en el caso de que los medios hubiesen informado sobre ese expediente. Hasta el momento en la bancada del Frente de Todos no se habló del proyecto ni se tiene previsto tratarlo, consigna Clarín.

Otras de las causales por las que los detenidos por causas de corrupción podrían pedir la liberación es por la “deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido o de un arrepentido” y las sospechas sobre “deficiencias en el respeto a las garantías del juez natural por razones intromisión en la asignación de competencias, de designaciones o direccionamiento en los sorteos de jueces”.

Justamente las declaraciones de testigos arrepentidos fueron claves en causas como los cuadernos de las coimas, originada a partir de las anotaciones del exchofer de Roberto Baratta Oscar Centeno y de sus posteriores declaraciones ante la Justicia, en calidad de “arrepentido”. En esta megainvestigación por corrupción Cristina Kirchner está procesada como jefa de una asociación ilícita.

Otras causales del proyecto son la “intromisión de funcionarios del Poder Ejecutivo en el desarrollo de las actuaciones”. O cuando esos funcionarios “ejercieran conductas o dieran expresiones en público aptas para afectar la independencia de los jueces o la autonomía de los fiscales”.

También la “intromisión de representantes de corporaciones profesionales en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran actos o dieran expresiones aptas para afectar” esa independencia, lo que impediría, por ejemplo, las presentaciones de colegios de abogados. Además incluye la posibilidad de pedir la libertad por “la inobservancia de las normas procesales con fines de persecución política”.

Por otro lado niega la posibilidad de apelar los fallos que hagan lugar a las nulidades de las preventivas. En cambio si el juez rechaza el pedido del acusado esa medida sí podrá ser apelada, y deberá resolverse con la velocidad de un habeas corpus. Se trata del derecho que tiene un detenido para presentarse en un breve plazo ante un juez para comparecer y que determinen si su arresto fue o no legal, y si debe mantenerse o dejar sin efecto.

Crédito: TN

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