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Política

Alberto F. en Mendoza: “Macri destruyó la economía”

El candidato presidencial por el Frente de Todos realiza su segunda jornada de actividades en Mendoza y brindó una nueva conferencia de prensa, esta vez en San Rafael.

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El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, realizó su segunda jornada de actividades en Mendoza, esta vez en San Rafael, y ratificó su postura tras su contundente victoria en las PASO.

“Vengo a terminar con el tiempo de los personalismos”, manifestó el candidato, que participa de una serie de actividades con empresarios, comerciantes, PyMEs y trabajadores de la provincia, junto a la candidata a gobernadora Anabel Fernández Sagasti.

En medio de la crisis económica que atraviesa el país y que se vio intensificada tras las PASO, Fernández aseguró que “Macri destruyó la economía argentina” y explicó paso por paso los errores que cometió el gobierno al intentar bajar la inflación.

“El Gobierno equivocó gravemente el tratamiento del problema inflacionario. Siempre pensó que era meramente monetario y que sacando el dinero de la plaza para que la gente no lo gaste iba a lograr contenerla. Creyeron que al bajar el consumo, bajaba la demanda, con eso los precios y se corregía la inflación. Pero mientras tanto no ponían más dinero en la plata de los argentinos. Lo único que lograron fue multiplicar por dos la inflación que recibieron”, lanzó Fernández en la conferencia.

Para el candidato presidencial, el Gobierno actual “no entiende la economía argentina” y explicó que “en Argentina se consume el 70 por ciento de lo que produce y solo el 30 se exporta. Cuando uno baja el consumo, baja la producción, baja el empleo, aumenta la pobreza: lo único que produjo Macri en cuatro años fue 5 millones de pobres,y a fin de año vamos a tener alrededor de 15 millones”.

Para Fernández, la solución será “volver a encender la economía” cambiando el circuito, “poner dinero en el bolsillo de los que consumen, hacer un acuerdo con los empresarios y sindicatos y poner nuevamente en marcha el circuito virtuoso económico”.

“No va a ser fácil bajar la inflación”, advirtió Fernández y reconoció que “estaría muy conforme si al cuarto año llegamos con un dígito de inflación”.

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Política

Llegaron a un acuerdo entre gremios docentes y el Gobierno

El salario mínimo será de 23.000 pesos. Además, se pagará una suma extraordinaria de 4.840 pesos, que se abonará en cuatro cuotas de 1.210 pesos en abril, mayo, junio y julio.

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En el marco de la paritaria nacional, los cinco gremios docentes y el Gobierno acordaron esta tarde un salario inicial mínimo de $23 mil a partir de marzo y de $25 mil desde de julio próximo, mientras que además se abonará una suma extraordinaria de 4.840 pesos en cuatro cuotas de 1.210 pesos en abril, mayo, junio.

El acuerdo se selló tras un encuentro en el Palacio Pizzurno, sede de la cartera educativa, con la presencia de autoridades de los sindicatos CTERA, UDA, Sadop (privados), AMET (técnicos) y CEA, además de los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Trabajo, Claudio Moroni.

Si bien el normal inicio de las clases previsto para el próximo lunes no parecía peligrar, con este entendimiento quedó ratificado el comienzo del ciclo lectivo.

Este acuerdo implica un “piso” para la suba salarial de los docentes y a partir de ahora cada provincia podrá convocar formalmente a los gremios de cada distrito y acordar una actualización del sueldo superior a la establecida por la paritaria nacional.

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Política

¿Se cancelan las elecciones del PJ?

Durante la semana la Cámara Nacional Electoral decidirá si se realizan las elecciones del PJ local.

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Crédito: Clarín

Fuentes partidarias del PJ manifestaron que esperan que la Cámara Nacional Electoral resuelva esta semana el planteo del giojismo que tiene como objetivo frenar las internas. Es que el sector presentó varios reclamos en el Juzgado de Miguel Gálvez, los cuales fueron rechazados, por lo que los hermanos Gioja fueron a Nación para lograr su cometido.

La lista que encabeza Juan Carlos Gioja primero cuestionó la modificación del calendario electoral, los plazos estipulados y luego la designación de Carlos Lorenzo como presidente de la Junta Electoral. Esa movida fue rechazada por Gálvez, lo que provocó el enojo del exgobernador, quien insistió pero tuvo el mismo resultado. Sin dar el brazo a torcer, fueron a Nación, donde le dieron lugar al reclamo.

Fuente: Diario de Cuyo

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Política

Polémico proyecto del kirchnerismo para casos de corrupción

El proyecto busca limitar la investigación periodística en casos de corrupción.

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María Eugenia Catalfamo - Crédito: El Chorrillero

El kirchnerismo duro impulsa un controvertido proyecto de ley que limitaría la función periodística en las causas por corrupción. La iniciativa propone un “control de convencionalidad” para las prisiones preventivas que anula las detenciones cuando el acusado se sienta involucrado en una serie de supuestos, como la difusión en los medios de las acusaciones en su contra.

Las autoras de la iniciativa son cinco senadoras cercanas a la vice Cristina Kirchner: María Eugenia Catalfamo, Ana María Ianni, Nancy González, Ana Claudia Almirón y María Pilatti Vergara. Excepto la primera, las otras cuatro pertenecían al bloque K previo a la unificación de las bancadas con el PJ.

El proyecto determina que “será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva” de los acusados que no estén bajo control del cumplimiento de los estándares establecidos por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Plantea un plazo de 72 horas para que opinen el fiscal y las querellas, y otras 24 para resolver sobre la situación.

La primera cuestión de nulidad que propone el texto pasa por la afectación de parte de los medios a la percepción de inocencia de los acusados. “La publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”, indica.

En la práctica significaría que si un juez le dicta la prisión preventiva a un acusado en una causa por corrupción el detenido podría pedir su libertad, en el caso de que los medios hubiesen informado sobre ese expediente. Hasta el momento en la bancada del Frente de Todos no se habló del proyecto ni se tiene previsto tratarlo, consigna Clarín.

Otras de las causales por las que los detenidos por causas de corrupción podrían pedir la liberación es por la “deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido o de un arrepentido” y las sospechas sobre “deficiencias en el respeto a las garantías del juez natural por razones intromisión en la asignación de competencias, de designaciones o direccionamiento en los sorteos de jueces”.

Justamente las declaraciones de testigos arrepentidos fueron claves en causas como los cuadernos de las coimas, originada a partir de las anotaciones del exchofer de Roberto Baratta Oscar Centeno y de sus posteriores declaraciones ante la Justicia, en calidad de “arrepentido”. En esta megainvestigación por corrupción Cristina Kirchner está procesada como jefa de una asociación ilícita.

Otras causales del proyecto son la “intromisión de funcionarios del Poder Ejecutivo en el desarrollo de las actuaciones”. O cuando esos funcionarios “ejercieran conductas o dieran expresiones en público aptas para afectar la independencia de los jueces o la autonomía de los fiscales”.

También la “intromisión de representantes de corporaciones profesionales en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran actos o dieran expresiones aptas para afectar” esa independencia, lo que impediría, por ejemplo, las presentaciones de colegios de abogados. Además incluye la posibilidad de pedir la libertad por “la inobservancia de las normas procesales con fines de persecución política”.

Por otro lado niega la posibilidad de apelar los fallos que hagan lugar a las nulidades de las preventivas. En cambio si el juez rechaza el pedido del acusado esa medida sí podrá ser apelada, y deberá resolverse con la velocidad de un habeas corpus. Se trata del derecho que tiene un detenido para presentarse en un breve plazo ante un juez para comparecer y que determinen si su arresto fue o no legal, y si debe mantenerse o dejar sin efecto.

Crédito: TN

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